Durante un operativo ministerial realizado en la madrugada en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, un total de 33 personas fueron detenidas, según informaron las autoridades de La Raza Media. Esta acción forma parte de un proceso legal para recuperar el inmueble a favor de la cooperativa.
El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que actuó conforme a una orden emitida por un juez de control de esa entidad con el propósito específico de restituir la planta a la Cooperativa Cruz Azul. Las 33 personas capturadas fueron puestas bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para ser investigadas.
De los detenidos, 31 enfrentan investigaciones por delitos relacionados con desobediencia y resistencia de particulares, mientras que dos de ellos están señalados por portación ilegal de armas de fuego, tras el aseguramiento de dos pistolas calibre 38 durante el operativo. Este detalle resalta la complejidad y la posible peligrosidad de la situación en la planta cementera.
Las autoridades también confirmaron que todas las detenciones se registraron oportunamente en el Registro Nacional de Detenciones, una base de datos pública que garantiza transparencia sobre las personas privadas de su libertad. Además, se aclaró categóricamente que no hay reportes de personas desaparecidas ni fallecidas como resultado de este operativo, disipando posibles rumores o preocupaciones entre la comunidad.
Este procedimiento se llevó a cabo en un contexto de antecedentes de confrontaciones relacionadas con la planta cementera, lo que motivó la presencia de la Policía del Estado de Hidalgo para proteger a la población civil y evitar eventuales actos de violencia durante la intervención ministerial. Su apoyo fue fundamental para garantizar que el operativo se desarrollara con orden y seguridad.
El operativo y las detenciones forman parte de los esfuerzos legales y administrativos para resolver los conflictos internos y externos que han rodeado a la Cooperativa Cruz Azul en esa localidad, buscando restituir la propiedad y la estabilidad en la gestión de la planta.
Por lo tanto, las investigaciones continuarán en el Estado de Hidalgo, donde se determinarán responsabilidades y se seguirá el curso legal que corresponda a cada caso. Este hecho marca un paso importante dentro del conflicto y representa una medida firme por parte de las autoridades para restaurar el orden.
En suma, esta acción estatal reafirma el compromiso por mantener la legalidad y proteger a la ciudadanía, asegurando que situaciones conflictivas como la que se vivió en la planta cementera de Cruz Azul tengan una resolución conforme a derecho, sin daños colaterales para la población local.
