En el Congreso del Estado de Colima, diputadas del Partido del Trabajo han presentado una iniciativa legislativa conocida como la «Ley Cazzu», cuyo propósito principal es permitir que madres o padres que tienen la guarda y custodia puedan realizar viajes con sus hijas e hijos sin necesidad de contar con el consentimiento del otro progenitor, especialmente en contextos donde existe abandono o incumplimiento parental. Esta propuesta busca ofrecer una solución práctica a familias que enfrentan obstáculos legales para ejercer plenamente sus derechos en beneficio de los menores.

La iniciativa fue presentada por las legisladoras Evangelina Bustamante Morales y Andrea Carolina Heredia Torres, quienes proponen reformas al Código Civil del Estado de Colima para adecuar el marco legal a situaciones reales y concretas que afectan principalmente a familias encabezadas por mujeres. Esta modificación pretende eliminar trabas burocráticas que dificultan la movilidad y las actividades cotidianas de niñas, niños y adolescentes cuando un progenitor está ausente o no colabora en la crianza.

El nombre «Ley Cazzu» surge de un caso muy mediático ocurrido en el año 2025, vinculado a la cantante argentina Julieta Cazzuchelli. La propuesta nace para evitar que la falta de autorización del otro padre o madre se convierta en un impedimento legal para que los menores puedan viajar, realizar trámites o participar en actividades, particularmente cuando uno de los progenitores ha abandonado sus responsabilidades o muestra desinterés en el bienestar de los hijos.

Actualmente, la legislación mexicana exige que para que un menor pueda salir del país, sea necesario el consentimiento formal de ambos padres o quienes ejercen la patria potestad, procedimiento que se realiza mediante el Formato SAM emitido por el Instituto Nacional de Migración. No obstante, las impulsoras de esta iniciativa consideran que esta exigencia puede ser injusta y perjudicial en aquellas circunstancias en las que uno de los padres no está involucrado activamente en la crianza ni en la toma de decisiones sobre su hijo o hija.

Datos del INEGI citados en la propuesta indican que en México el 33% de los hogares son encabezados por mujeres, mientras que en Colima esta cifra asciende al 35%. Esta estadística refleja una realidad donde muchas madres asumen la responsabilidad familiar en solitario, enfrentando además trabas legales y sociales para proteger y garantizar el bienestar de sus hijos e hijas.

Uno de los aspectos fundamentales de la iniciativa es la posibilidad de suspender temporalmente la patria potestad en casos debidamente demostrados de incumplimiento por parte de uno de los progenitores. Esto impediría que el padre o madre ausente obstaculice decisiones cruciales relacionadas con los menores, tales como viajes o realización de trámites oficiales, asegurando así una mayor protección para quienes tienen la custodia.

Las diputadas plantean criterios específicos para aplicar esta suspensión temporal que contemplan pruebas y garantías legales que salvaguarden los derechos de ambas partes, pero siempre priorizando el interés superior de la niñez. Además, la iniciativa incorpora una perspectiva de género e infancia, reconociendo que la responsabilidad del cuidado recae predominantemente en las mujeres y que el bienestar de los menores debe ser el eje central en cualquier resolución.

«El desarrollo integral, las actividades recreativas y las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes no pueden estar supeditadas a la voluntad de un padre o madre ausente ni convertirse en un instrumento de control o violencia hacia quien tiene la custodia», afirmaron las legisladoras responsables de la propuesta.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis dentro del Congreso del Estado, donde las comisiones pertinentes evaluarán su viabilidad jurídica y el impacto que tendrá en la protección de los derechos de la infancia y las familias en Colima. Esta discusión es crucial para avanzar hacia una legislación más justa y acorde con las realidades familiares modernas.

El contexto social y legal que rodea esta propuesta también ha motivado reuniones de alto nivel, como la reciente reunión de Claudia Sheinbaum con Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, lo que indica una atención institucional creciente hacia los temas que afectan a la niñez y las familias.

La implementación de esta ley podría sentar un precedente para otras regiones de La Raza Media, reflejando una sensibilidad renovada hacia los derechos de los menores y la protección de quienes día a día luchan por su cuidado y bienestar sin contar con un apoyo parental completo.

En conclusión, la ‘Ley Cazzu’ representa una iniciativa legislativa con enfoque humanista y de género que busca adaptar el marco legal a la realidad de muchas familias colimenses, garantizando que los derechos y oportunidades de niñas, niños y adolescentes no queden a merced de la ausencia o negligencia de uno de sus progenitores.