El Congreso local, con una mayoría contundente de 35 de 42 votos, decidió disolver los poderes municipales en San Agustín Amatengo como respuesta a la creciente crisis de gobernabilidad generada por presuntos desvíos de recursos. Esta medida se adoptó después de que habitantes de la comunidad expulsaron con violencia a la presidenta municipal, Italy Sarai Juárez Arma, acusándola de uso indebido de fondos públicos.

El dictamen oficial, elaborado por la Comisión Permanente de Gobernación, señala que la alcaldesa no cumplió con su obligación de rendir cuentas al cabildo sobre la administración de los recursos destinados a obras durante un período prolongado de un año y medio. Además, se documentó que la funcionaria pudo haber empleado recursos municipales para realizar mejoras en la infraestructura de su restaurante personal y para la adquisición de una camioneta, lo cual constituye un claro desvío de fondos públicos.

El informe también destaca que la falta de transparencia y la mala administración financiera provocaron un deterioro significativo en la gobernabilidad del municipio, evidenciado por la toma violenta del palacio municipal y la constante movilización y protestas por parte de los ciudadanos inconformes. Este clima de tensión hizo insostenible el funcionamiento normal del ayuntamiento.

A pesar de las contundentes evidencias, durante el debate en el Congreso sobre la desaparición de poderes, la diputada de Morena, Cony Rueda Cortés, cuestionó la rapidez con la que la Comisión de Gobernación tomó la decisión sin garantizar el derecho de audiencia a la alcaldesa. La legisladora apuntó que se cometió una injusticia al no escuchar a la presidenta municipal y permitir que sus adversarios políticos la atacaran en la propia sede legislativa.

«Se vulneró su derecho por ser mujer, no se le brindó la oportunidad de defenderse y se toleró que sus opositores la agredieran dentro del recinto del Congreso», declaró Cony Rueda Cortés, subrayando la gravedad de la omisión procedimental.

La diputada recordó que, en contraste, cuando solicitó la revocación de mandato del presidente municipal de Salina Cruz, Daniel Méndez, tras el feminicidio ocurrido en una cárcel municipal relacionado con la activista Abigail Hay Urrutia, la respuesta fue muy distinta y mucho más escasa en términos de justicia y acción legislativa.

«Aquí se presentaron pruebas claras de responsabilidad y, sin embargo, en este Congreso se le ofreció impunidad, a pesar de que existía compromiso por el delito en toda la cadena de mando implicada en la detención y encarcelamiento de la víctima, a quien posteriormente se intentó presentar como si se hubiera suicidado», enfatizó Rueda Cortés con firmeza.

En un contexto de fuerte polarización, la diputada fue más allá y acusó al presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, Mauro Cruz, de exigir sobornos de hasta 100 mil pesos para emitir dictámenes favorables. Esta denuncia provocó una confrontación intensa entre los legisladores durante la sesión, subrayando las tensiones internas existentes en La Raza Media ante este tipo de casos de corrupción y abuso de poder.

Este caso en San Agustín Amatengo pone de relieve la persistente problemática del manejo inadecuado de recursos públicos en municipios de La Raza Media, la importancia de una gobernanza transparente y la necesidad de procesos legislativos justos y equitativos para la rendición de cuentas y la garantía de derechos políticos, especialmente en contextos marcados por la violencia y la desigualdad de género.