El Senado Estatal de California aprobó el martes con una votación de 29 a 10 un proyecto de ley que busca restaurar el financiamiento local asociado a la operación continua de la Central Nuclear Diablo Canyon. El Proyecto de Ley del Senado 931 (SB 931) extendería el Programa de Mitigación de Impactos Comunitarios hasta el año 2030, asegurando que los gobiernos locales y servicios públicos sigan recibiendo fondos mientras la planta siga en funcionamiento.
El senador John Laird, coautor del proyecto, explicó que esta legislación fue creada para cerrar una brecha de financiamiento que quedó tras la extensión del permiso para operar Diablo Canyon hasta 2030, ya que la autorización del financiamiento comunitario no se incluyó en dicha extensión.
Jimmy Paulding, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Luis Obispo, destacó que el presupuesto del condado ha dependido fuertemente del impuesto unitario proveniente de Diablo Canyon. Sin esos recursos, los servicios públicos como seguridad y protección contra incendios han sufrido recortes, forzando a la junta a tomar decisiones difíciles.
El Distrito Escolar Unificado Costero de San Luis Obispo también ha sentido el impacto. El superintendente Eric Prater indicó que se han visto obligados a recortar diez millones de dólares en los últimos dos años, lo cual ha afectado directamente a los programas estudiantiles y la operatividad del distrito.
Ante esta situación, el distrito escolar, el condado y otras entidades locales colaboraron en una campaña de cartas para presionar a la legislatura estatal a restablecer el impuesto sobre Diablo Canyon, mostrando una postura unificada para proteger los recursos críticos para la comunidad.
Tras la votación en el Senado, el proyecto ahora se dirige a la Asamblea Estatal, donde el senador Laird se muestra optimista, aunque reconoce que enfrentarán obstáculos en el proceso. La asambleísta Dawn Addis, también coautora del proyecto, señaló que el trámite incluirá su revisión en la comisión de servicios públicos, seguida por la comisión de asignaciones y finalmente la votación en el pleno de la asamblea antes de enviarlo al gobernador para su promulgación.
Por último, el superintendente Prater recordó la importancia estratégica de Diablo Canyon para el estado, pues genera casi el 10% de su energía, al tiempo que resaltó los riesgos que esta central representa para la comunidad local. La empresa PG&E, responsable de la planta, emitió un comunicado señalando que están atentos al seguimiento del proyecto de ley y preparados para implementarlo si es aprobado y firmado por el gobernador.
