En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se inauguró un diplomado intensivo de nueve meses diseñado para formar intérpretes jurídicos que acompañarán a personas indígenas durante sus procesos judiciales. Este esfuerzo surge en un contexto donde la carencia de traductores en tribunales representa una barrera significativa para el acceso a la justicia de las comunidades originarias.

Según datos presentados en el programa de Alejandro Domínguez en La Raza Media Televisión, en México hay alrededor de ocho mil personas indígenas privadas de la libertad que nunca contaron con intérpretes o abogados capaces de entender su lengua y cultura. De estos casos, un preocupante 42 por ciento se concentra en Chiapas, lo que refleja una urgencia regional por atender la problemática.

La falta de intérpretes no sólo dificulta la comunicación, sino que agrava las condiciones legales de los indígenas al impedirles comprender plenamente los cargos en su contra y los procedimientos judiciales que enfrentan. Sebastián Patishtán, coordinador del proyecto, alertó sobre esta situación crítica que vulnera los derechos fundamentales de dichas poblaciones.

«Cuatro de cada diez personas indígenas no tuvieron un traductor o intérprete que lograra captar y transmitir adecuadamente lo que les decían en los tribunales. Esta carencia es sumamente grave, y la escasez de traductores certificados empeora aún más la situación en materia jurídica», enfatizó Patishtán.

Un esfuerzo para cerrar la brecha en el sistema judicial

El diplomado busca capacitar a 140 intérpretes originarios de 42 municipios de Chiapas, quienes dominan lenguas como tseltal, tsotsil, zoque, chol y mam. La formación abarcará aspectos jurídicos, lingüísticos y culturales, con el fin de asegurar interpretaciones precisas y confiables durante audiencias tanto estatales como federales.

Abraham Hernández, rector de la Universidad José Vasconcelos, destacó que el programa incluye espacios específicos para cada lengua indígena, contando con coordinadores especializados que orientarán las sesiones para adaptar los contenidos a las particularidades culturales y lingüísticas de cada grupo.

En México, el derecho a entender los cargos y el desarrollo de un proceso legal es base del sistema judicial, sin embargo, este principio no siempre se respeta en comunidades indígenas debido a la ausencia de intérpretes competentes, hecho que esta iniciativa busca revertir.

Escasez crítica de intérpretes certificados

De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Chiapas sólo existen 13 intérpretes certificados en justicia para atender a una población superior a 1.4 millones de hablantes de lenguas originarias. Esta desproporción representa un enorme desafío para garantizar justicia equitativa.

Los participantes del diplomado aspirarán a integrarse en instituciones clave como la Fiscalía Indígena y los juzgados del Poder Judicial estatal, donde podrán desempeñarse para mejorar el acceso a la justicia de sus comunidades.

Juan Carlos Díaz, intérprete tzotzil, señaló que la labor implica enfrentar dificultades lingüísticas, particularmente con terminología jurídica que no tiene equivalentes directos en sus lenguas originarias.

«Existen muchos tecnicismos y palabras que no existían previamente, pero contamos con un equipo que nos brinda respaldo. He atendido cerca de 50 casos recientes, la mayoría familiares y algunos relacionados con procesos penales», compartió Díaz.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, cuyo respaldo es fundamental para fortalecer la justicia intercultural y preservar las lenguas indígenas como parte invaluable del patrimonio cultural vivo del país.

En San Cristóbal de las Casas, se inauguró un diplomado de nueve meses para formar intérpretes jurídicos que apoyarán a la población indígena en procesos judiciales, un paso fundamental para garantizar sus derechos. #LaRazaMedia22h con @AlexDominguezB

Con información proporcionada por Jhonatan González, esta iniciativa marcó un avance significativo para la justicia indígena en Chiapas, ofreciendo esperanza y herramientas concretas para superar las desigualdades históricas en el sistema judicial.