La impunidad persiste como un problema grave en México y Coahuila no escapa a esta realidad, especialmente en los casos de desaparición de personas. En los últimos diez años, la entidad ha registrado únicamente 19 sentencias por este delito, ya sea desaparición forzada o cometida por particulares, cifra alarmantemente baja si se considera el alto número de casos sin resolver.

Según datos de la Comisión de Búsqueda Local, Coahuila cuenta con un estimado histórico de 2 mil 400 personas desaparecidas. Sin embargo, la respuesta judicial ha sido escasa, reflejándose en apenas 19 sentencias emitidas en una década. A través de solicitudes a la Plataforma Nacional de Transparencia, La Raza Media tuvo acceso a información del Poder Judicial de Coahuila que confirma que sólo cuatro de estas sentencias corresponden a desaparición forzada y el resto a desaparición cometida por particulares.

Entre las condenas por desaparición forzada destacan casos vinculados a ex policías municipales. Tres ex agentes de la Policía Municipal de Saltillo fueron sentenciados a 45 años de prisión por su participación en hechos sucedidos en 2011. Asimismo, dos ex oficiales de la Policía Municipal de Torreón recibieron sentencias de 40 años en relación con casos ocurridos en 2021. Estos procesos son relevantes pues evidencian el involucramiento de autoridades en delitos tan graves.

Desapariciones cometidas por particulares

En cuanto a las sentencias por desapariciones cometidas por particulares, las penas varían aunque la mayoría no excede los 16 años y 7 meses de prisión, aplicadas a través de procedimientos abreviados. La distribución territorial de estas condenas abarca varias localidades: dos en Monclova, una en Piedras Negras, dos en Saltillo, una en San Pedro, siete en Torreón y dos en Sabinas. Actualmente, según datos oficiales, Acuña, Monclova, Piedras Negras, San Pedro y Torreón tienen procesos judiciales en curso, mientras que Saltillo y Sabinas cuentan con varios procesos abiertos.

Dificultades para judicializar los casos

Miembros de colectivos de búsqueda señalan que la justicia en estos casos es insuficiente y cada vez resulta más complejo lograr una condena debido a la falta de investigaciones profundas y a una incorrecta clasificación del delito. Silvia Ortiz, vocera del Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA), explica que es fundamental agotar la investigación para poder llegar a la judicialización. “Es muy complejo obtener una sentencia, pues hasta que no se agote la investigación adecuadamente no se puede avanzar a la judicialización. Las pocas averiguaciones que logran dar ese paso suelen contar con testigos o confesiones directas, y aun así no siempre es suficiente”, afirma Ortiz.

«Obtener una sentencia demanda que la investigación esté exhaustivamente realizada, porque no se puede avanzar sin pruebas sólidas. Son muy pocas las averiguaciones que cumplen con esos requisitos, incluso con testimonios o confesiones directas a veces no alcanza», destaca Silvia Ortiz, vocera del grupo VIDA.

Ortiz puntualiza que su colectivo lleva cinco años intentando que se judicialicen dos casos que enfrentan, pero se ha visto obstaculizado por la necesidad de cumplir con múltiples condiciones para la correcta clasificación y sanción de desaparición forzada o cometida por particulares. “Se trata de una variedad de situaciones que se deben considerar para decidir la judicialización, es un proceso complicado y lleno de obstáculos”, agrega.

«El proceso para determinar la judicialización involucra múltiples factores y condicionamientos, lo cual convierte todo en una situación bastante compleja y difícil de manejar», apunta Ortiz.

Además, otro problema crítico es la falta de personal capacitado para manejar estos procesos judiciales especializados. “Existen jueces que ni siquiera conocen correctamente la Ley General de Desaparición, y es más común que se atiendan casos de secuestro que aquellos de desaparición forzada o cometida por particulares”, indica la vocera.

«El desconocimiento jurídico entre operadores de justicia es un obstáculo grave; muchos jueces ignoran la Ley General de Desaparición y el manejo adecuado de estos casos es todavía más inusual que en delitos como el secuestro», explica Silvia Ortiz.

A pesar de que hace tres años colectivos de búsqueda propusieron la creación de juzgados especializados en materia de desaparición y declaraciones de ausencia, esta iniciativa aún no se ha concretado. La falta de sentencias también retrasa la reparación del daño para las víctimas indirectas, principalmente las familias, que sufren la ausencia prolongada de justicia.

«Parece que la ley fue hecha para que si no hay sentencia, no haya reparación a las víctimas, lo cual retrasa enormemente el apoyo a las familias afectadas», comenta con tristeza Silvia Ortiz.

Ante esto, aunque las comisiones de atención a víctimas brindan algunos apoyos, estos no son suficientes para considerarse una reparación adecuada del daño. Ortiz critica que las reformas legales han favorecido al gobierno más que a las víctimas, complicando aún más el acceso a la justicia.

«Seguiremos luchando porque las reformas no fueron hechas pensando en las víctimas, sino para favorecer al gobierno, dificultando la justicia para las familias afectadas», manifiesta la vocera.

Impunidad a nivel nacional

Un informe realizado por la organización Impunidad Cero revela que en México la impunidad por desaparición de personas alcanza un alarmante 99.6%. Este análisis abarca a las 32 entidades federativas y evidencia que, entre 2019 y 2022, se registraron 35 mil 669 casos de desaparición, pero sólo 141 sentencias condenatorias relacionadas con desaparición forzada o cometida por particulares fueron emitidas.

El informe también destaca que diversas entidades, entre ellas Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, no reportaron sentencias en este delito durante el periodo señalado, reflejando un 100% de impunidad. En Coahuila el porcentaje de impunidad fue del 98.3%, siendo la sexta entidad con más sentencias, aunque la cifra sigue siendo reducida frente a las 407 desapariciones registradas.

Frente a la falta de avances en la procuración e impartición de justicia, familias organizadas en colectivos, junto con organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, han llevado su lucha al ámbito internacional.

El año pasado, representantes de estas organizaciones presentaron sus casos ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra para solicitar la aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta acción busca dar seguimiento a medidas internacionales dirigidas a México.

Esta problemática ha sido expuesta desde hace más de una década y en abril del año pasado, el Comité recomendó medidas para el país, incluyendo la solicitud de informes específicos. Recientemente, el organismo decidió llevar el tema a la Asamblea General de la ONU para una revisión más profunda.

El Comité basó su decisión en patrones y casos documentados en Coahuila entre 2009 y 2016, Nayarit de 2011 a 2017, y Veracruz entre 2010 y 2016. Señala que en esos años se evidenciaron patrones claros de desapariciones forzadas donde autoridades se coludieron con grupos criminales, incluyendo detenciones ilegales para entregar personas a dichos grupos.

Al revisar los cuatro casos de desaparición forzada sentenciados en Coahuila, La Raza Media constató similitudes con los patrones señalados por el Comité de la ONU. Además, organismos como las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos han documentado irregularidades en investigaciones que involucran a policías en desapariciones.

Finalmente, cabe mencionar que en La Laguna se ha avanzado en la entrega de indumentaria especializada a colectivos que buscan personas desaparecidas, un pequeño pero significativo apoyo que refleja la necesidad constante de fortalecer la búsqueda y la justicia en la región.