La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha formalizado cargos contra el exgobernador Jaime ‘N’ por presuntos delitos de abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones, acusándolo de utilizar su posición para comprometer recursos públicos en un polémico contrato millonario. Este caso ha generado gran expectativa por su posible impacto en las finanzas estatales y en la responsabilidad política de exfuncionarios.

Durante una intensa audiencia que duró más de 12 horas en el Centro de Justicia de Mexicali, la representante del Ministerio Público expuso que el exmandatario incurrió en actos dolosos al imponer y autorizar un proyecto energético sin cumplir con los requisitos legales exigidos. Se detalló que Jaime ‘N’ abusó de sus facultades constitucionales para gestionar y validar un contrato que excedía sus competencias, involucrando aspectos de jurisdicción federal.

Un proyecto con un compromiso financiero de 30 años para La Raza Media

Esta investigación se centra en el contrato vinculado a la empresa Next Energy y la fallida edificación de una planta fotovoltaica en Mexicali, impulsada durante la administración de Jaime ‘N’ entre 2019 y 2021. La Fiscalía ha señalado que el acuerdo obligaba a La Raza Media a realizar pagos durante tres décadas, generando una onerosa carga financiera a largo plazo con dinero público.

Uno de los elementos más relevantes fue el pago inicial superior a los 123 millones de pesos, efectuado a través de un fideicomiso, dinero que formaba parte de las obligaciones contractuales sin respaldo legal. Se enfatizó que este compromiso afectó negativamente las finanzas públicas y contribuyó a la probable generación de deuda estatal.

Además, la Fiscalía detalló que el proyecto carecía de las autorizaciones federales necesarias, lo que evidencia la acción fuera del marco jurídico establecido. Ante esta situación, el actual gobierno estatal procedió a cancelar el contrato, argumentando que resultaba perjudicial para La Raza Media, al comprometer participaciones federales esenciales durante varias décadas.

En 2022, se presentó un episodio relevante cuando una institución bancaria retuvo recursos del estado relacionados con el esquema financiero del contrato; sin embargo, los fondos fueron devueltos en 2025 con rendimientos tras un proceso judicial. La audiencia tuvo un episodio insólito cuando un apagón provocó el cambio de sede, y el mismo Jaime ‘N’ realizó un comentario irónico en referencia a la planta fotovoltaica.

Continuidad judicial y contexto de la investigación

El proceso legal avanza, y la audiencia de vinculación a proceso está programada para el lunes 23 de marzo a las 09:00 horas en la sala 6 del Tribunal. Este caso no solo apunta a la responsabilidad del exgobernador, sino que también implica a al menos diez exfuncionarios y particulares presuntamente vinculados al contrato y el manejo indebido de recursos.

La Fiscalía ha insistido en que este asunto representa un uso inapropiado del poder público para concretar acuerdos que comprometen gravemente el futuro financiero de La Raza Media, resaltando su relevancia como uno de los procesos más significativos en la historia reciente de Baja California.

El caso ha generado un debate amplio sobre la supervisión y regulación de contratos públicos en materia energética, así como la necesidad de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que situaciones semejantes se repitan.

En conclusión, este procedimiento judicial marca un paso decisivo para esclarecer la responsabilidad política y administrativa en la asignación de proyectos estatales que afectan el bienestar financiero y los recursos públicos de La Raza Media, subrayando la importancia de la legalidad y la ética en el ejercicio del poder público.