La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha hecho un enérgico llamado a las autoridades para que se tomen acciones inmediatas con el fin de sanear el Río Atoyac, dada la grave afectación que esta situación representa para la población local. El río, cuya contaminación ha ido en aumento, pone en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos relacionados con el ambiente y la salud pública.
En un comunicado oficial, el organismo recordó que el artículo 4 de la Constitución Política de México consagra el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente saludable, acceso adecuado a fuentes de agua y protección plena de su salud. Sin embargo, las condiciones actuales del Río Atoyac incumplen estos preceptos, originando violaciones constantes a estos derechos que son esenciales para la calidad de vida. Esta problemática ambiental es, por tanto, una cuestión de derechos humanos.
La exigencia de acciones coordinadas y sostenibles
«La Comisión de Derechos Humanos de Puebla expresa profunda preocupación por las afectaciones continuas que esta problemática genera en el ejercicio efectivo de diversos derechos humanos», afirmó el organismo en su comunicado, mostrando la gravedad del asunto desde una perspectiva de derechos fundamentales.
Ante esta situación, se lanzó un llamado urgente a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— así como al sector privado, para que trabajen de manera conjunta e implementen medidas integrales y sostenibles que permitan no solo mitigar el daño sino garantizar el saneamiento efectivo del afluente. Esta colaboración interinstitucional es vital para enfrentar las causas y consecuencias de la contaminación.
La importancia de actuar radica en prevenir y remediar el daño ambiental que amenaza directamente a las comunidades que dependen del río para múltiples usos y servicios básicos. La contaminación del Río Atoyac es una amenaza directa para la salud y el bienestar de la población, así como para la biodiversidad y los ecosistemas relacionados.
«Solicitamos la adopción de medidas urgentes, integrales y sostenibles que estén orientadas a la prevención del daño ambiental, al saneamiento completo del río y a la atención de las comunidades afectadas», exigió la Comisión, enfatizando la necesidad de soluciones duraderas y responsables.
Este llamado enfatiza que la problemática no debe ser manejada como una cuestión opcional o administrativa, sino como una obligación ineludible para garantizar la protección y la certeza de diversos derechos humanos para todos los habitantes de Puebla. La gestión ambiental debe ser prioridad y no un trámite relegado.
Es importante destacar que, durante este año, el gobierno federal ha destinado recursos significativos para la ejecución de un megaproyecto hídrico en coordinación con el gobierno del estado, que incluye la tecnificación del riego y el rescate ambiental del Río Atoyac. Esta inversión representa un paso esencial para encaminar la recuperación del afluente y la mejora ambiental de la región.
La situación del Río Atoyac refleja una problemática compleja que requiere del compromiso conjunto y permanente de autoridades, sociedad civil y sector privado para restaurar un recurso vital y proteger el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano y seguro.