La Corte Suprema ha fallado que algunos de los aranceles implementados durante el último año son ilegales, generando incertidumbre entre empresarios y expertos económicos. KSBY realizó un seguimiento con diversas organizaciones, economistas y negocios locales que han estado atentos a esta problemática.

Garret Olson, representante de la Cámara de Comercio, comentó que muchas empresas locales han encontrado difícil planificar financieramente a largo plazo durante este periodo. «Hemos observado que numerosos negocios dudan en tomar decisiones audaces, las cuales son cruciales tanto para la economía nacional como para la local», afirmó Olson. Sin embargo, también reconoció que algunas compañías han logrado beneficiarse de estos aranceles.

Un caso destacado es McCarthys, un concesionario de autos usados en San Luis Obispo, que en marzo de 2025 se vio afectado por un arancel del 25 % aplicado a autos y autopartes importadas. Su gerente general indicó que, debido al alto costo de los autos nuevos y sus piezas, muchas personas han optado por adquirir vehículos usados. «En un mercado a la baja, como el que enfrentamos, la gente intenta reparar sus autos actuales; cuando no pueden, buscan la mejor opción en autos usados», explicó Wesney, gerente del concesionario.

El profesor de economía de Cal Poly, Daniel Seiver, señaló que el fallo de la Corte añade más incertidumbre, especialmente sobre la posibilidad de que se deban reembolsar miles de millones de dólares correspondientes a los aranceles cobrados.

Grandes minoristas como Costco respaldaron la demanda presentada contra la administración Trump el año pasado por estos aranceles. Seiver opinó que probablemente las grandes empresas podrán recuperar ciertos pagos realizados, mientras que las pequeñas y medianas empresas podrían quedar excluidas de estos reembolsos, enfrentando mayores dificultades para recuperar sus pérdidas.

Hasta el momento, no está claro si se emitirán dichos reembolsos, generando una situación incierta para todos los afectados. Esta decisión de la Corte Suprema representa un giro importante en la política arancelaria y sus repercusiones económicas a nivel local y nacional.