La implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales en México marca un cambio estructural significativo para las empresas, que deberán adoptar nuevas estrategias para mantener su productividad. Entre estas destaca la externalización de procesos, una práctica que consiste en delegar funciones no esenciales a proveedores externos especializados, permitiendo que las organizaciones se enfoquen en sus actividades clave y optimicen su eficiencia operativa mediante el uso de talento especializado.

Norma Godínez, directora de Recursos Humanos en Kelly México, señala que este cambio no solo implica ajustes operativos, sino un rediseño integral de cómo las empresas gestionan sus operaciones. Advierte que continuar con los mismos métodos actuales puede acarrear un impacto económico considerable, por lo que la optimización de procesos y la adopción de modelos más eficientes serán cruciales para mantener la productividad en este nuevo entorno laboral.

México: entre los países con mayor jornada laboral

La discusión sobre la reducción de la jornada cobra especial relevancia en un país donde se registran algunas de las cargas de trabajo más extensas a nivel internacional. Actualmente, México mantiene una jornada máxima legal de 48 horas semanales, una cifra superior al estándar de 40 horas o menos que prevalece en muchas economías avanzadas.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los trabajadores mexicanos laboran en promedio 2,128 horas al año, la cifra más elevada entre los países miembros, superando en casi 500 horas el promedio de otros países. Esta situación ha generado debates cruciales respecto a la necesidad de modernizar la legislación laboral, mejorar la productividad y fortalecer las condiciones laborales en México.

La reforma aprobada recientemente en el Congreso Federal no solo reduce las horas laborales, sino que modifica la forma en que se calcula el tiempo de trabajo. Mientras que antes existían jornadas diurna, nocturna y mixta con límites diarios, ahora se homologará una jornada semanal máxima de 40 horas, promoviendo una medición semanal en lugar de diaria.

«Estamos transitando de medir jornadas diarias a una estructura semanal de 40 horas. Este cambio conceptual es fundamental para comprender cómo debe implementarse la reforma laboral», explicó Norma Godínez.

Externalización de procesos como herramienta estratégica

Frente a este nuevo panorama, la externalización de procesos y la contratación de servicios especializados aparecen como estrategias esenciales para que las empresas puedan adaptarse sin sacrificar la continuidad de sus operaciones. Esta modalidad permite rediseñar y optimizar procesos clave, reducir costos relacionados con horas extras o incrementos en la plantilla, y acceder a talento con experiencia bajo esquemas más flexibles y eficientes.

Godínez comenta que los servicios especializados facilitan que las empresas alcancen una producción igual o superior en menos tiempo, lo cual es el verdadero desafío ante la reducción de la jornada laboral. Áreas como la administración de nómina, que incluyen el cálculo y cumplimiento de obligaciones salariales, prestaciones e impuestos, cobran mayor relevancia ante los cambios normativos y la necesidad de cumplir rigurosamente con la legislación actualizada.

Productividad: un desafío indispensable

Uno de los mayores retos será equilibrar la productividad con el cumplimiento normativo y las expectativas del personal. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la productividad laboral en México ha mantenido avances limitados, lo que obliga a las organizaciones a optimizar sus operaciones para continuar siendo competitivas.

Asimismo, las empresas están obligadas a implementar controles estrictos de tiempo y asistencia, dada la intensificación de las inspecciones laborales. «Las compañías deberán medir las jornadas con mayor precisión, una dinámica que transforma el uso eficiente del tiempo y la organización laboral», añadió Godínez.

Las industrias con operaciones continuas, como la manufactura, la automotriz, la logística y la textil, que funcionan en esquemas 24/7, serán las más afectadas por esta reforma. En ellas, los ajustes en turnos, costos y capacidad productiva serán necesarios para adaptarse a la nueva norma.

En este contexto, la externalización se erige como un facilitador crucial para mantener la continuidad operacional. Permite reasignar cargas laborales, acceder a expertos especializados y evitar aumentos significativos en costos por pago de horas extras, que pasarán a ser más onerosos con la reforma.

Para alcanzar la efectividad de estos modelos es indispensable que las empresas colaboren con proveedores que cumplan estrictamente la regulación vigente y que establezcan indicadores claros de desempeño junto con un cumplimiento fiscal, laboral y de seguridad social riguroso, especialmente en un contexto de mayor supervisión oficial.

La importancia de la preparación

Ante este nuevo escenario legal, la preparación de las organizaciones será determinante. Es esencial que las empresas comprendan a fondo los cambios legislativos, especialmente el nuevo esquema de jornada semanal, para evaluar el impacto operativo y financiero en sus modelos de negocio actuales.

Con base en este diagnóstico, se deberá diseñar una estrategia de implementación gradual, alineada a los plazos establecidos por la legislación, que garantice una adaptación ordenada, minimice riesgos y preserve la competitividad empresarial.

«El éxito radica en entender la ley y ajustar los procesos internos para incrementar la productividad. Aquellos que logren hacerlo con rapidez podrán mitigar el impacto y mantenerse competitivos», concluyó Norma Godínez.

Implementación en etapas

La reducción de la jornada laboral en México entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027, cuando se aplicará la primera reducción de dos horas en la jornada semanal. En 2028, la jornada se disminuirá a 44 horas; en 2029 a 42 horas; y finalmente en 2030, se llegará a la meta de 40 horas semanales.

El Gobierno garantiza que los salarios no se reducirán pese a la disminución de horas trabajadas; además, las horas extra mantendrán un pago adicional del 100% y podrán alcanzar hasta un 200% si exceden los límites permitidos.

Un estudio de EY (Ernst & Young) revela que solo el 18% de las empresas en el país están preparadas para esta transición. Gran parte de las compañías se encuentra en un estado de paralización técnica, debido a una brecha entre la conciencia sobre la reforma y su ejecución efectiva.

El 44% de las empresas está en un proceso de análisis y reflexión, mientras que el 38% reconoce que tiene un bajo nivel de preparación, lo que las coloca en una situación de alto riesgo frente a la transición.

Factores como el temor a los costos de implementación, la falta de información, el miedo a una disminución en la productividad y la complejidad de negociar con sindicatos son los principales obstáculos que frenan la acción, según la investigación de esta firma especializada.