El 28 de enero, la familia Julián Baiza vivió una experiencia desgarradora durante la búsqueda de atención médica para su hijo enfermo en la comunidad de Rancho Los Julianes, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Caminando durante aproximadamente dos horas con el niño en brazos, desesperados por recibir ayuda, se enfrentaron a la ausencia total de servicios médicos en su localidad.

Finalmente, lograron llegar a una clínica en Llano Grande, en la misma demarcación, donde el personal médico les indicó que la gravedad del estado del menor requería atención en la cabecera municipal. De ahí, el niño de cinco años fue trasladado a un hospital en Parral y posteriormente al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua (HIES) en la capital del estado, donde lamentablemente falleció el 4 de febrero.

Durante la hospitalización, el pequeño Ángel Ramón fue intubado, y aunque su familia estuvo presente, enfrentaron una barrera insalvable: la falta de un intérprete. La familia habla ódami, un idioma indígena, lo que imposibilitó que comprendieran el diagnóstico, el tratamiento o que pudieran tomar decisiones informadas sobre la salud del menor. Esta carencia creó una situación de incomunicación total con el personal de salud.

«No sabemos qué tiene nuestro hijo, solamente escuchamos que mencionan algo en la cabeza, agua, y ya llevamos tres días aquí sin entender la razón ni el motivo por el cual le pusieron esos tubos para respirar. Eso es todo lo que comprendemos», relató Leonel Barro, reportero de la comunidad Raíchali, al traducir las palabras conmovedoras de la madre de Ángel.

Según información periodística, el menor padecía una infección cerebral severa, posiblemente tuberculosis, una condición que requería atención inmediata y especializada.

Fallecimiento y desconocimiento del diagnóstico por parte de la familia

Tras el fallecimiento de Ángel Ramón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua actuó de oficio para investigar posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por la Secretaría de Salud estatal. Alejandro Carrasco Talavera, titular de la CEDH, confirmó que se abrió una queja formal debido a la probable limitación en el acceso a la salud, pues la familia no contó con un intérprete que les permitiera entender el padecimiento y participar en las decisiones médicas.

«Se radicó una queja por posibles violaciones al derecho a la protección de la salud, omisión de información sobre el estado de salud, posible negligencia médica y la probable obstrucción del acceso a servicios de salud», afirmó Carrasco Talavera.

«Además, se detectó que no se consideró la interseccionalidad al tratar con personas pertenecientes a pueblos originarios, lo que agravó la situación», añadió el funcionario.

En respuesta, la Secretaría de Salud proporcionó un informe que actualmente está siendo analizado junto con el expediente clínico del niño, en espera de recabar otros elementos que permitan concluir la investigación y emitir una resolución definitiva.

La familia Julián Baiza estuvo obligada a realizar un recorrido de dos horas a falta de servicios médicos en su comunidad, un reflejo palpable de la precariedad que enfrentan las comunidades indígenas en la región.

La organización civil Consultoría Técnica Comunitaria ha documentado múltiples casos de deficiencias en la atención a pueblos originarios en la zona, destacando la ausencia de intérpretes y la falta de servicios médicos directos en las comunidades. Citlali Quintana Zapién, abogada y asesora jurídica de esta organización, señaló que se violan derechos humanos fundamentales en situaciones como la de Ángel Ramón, donde la falta de médicos, enfermeras y servicios en el idioma materno es sistemática.

«Se vulnera el derecho a contar con intérpretes que permitan a las poblaciones ódamis entender completamente los procedimientos médicos a los que son sometidos y que afectan su salud», expresó Quintana.

«Se trata del derecho a la salud, específicamente el derecho a la información, la interpretación adecuada y la comprensión plena de los procedimientos médicos», agregó.

En la Sierra Tarahumara, el acceso a servicios médicos es precario y está condicionado por la violencia en la zona. Las unidades médicas móviles y caravanas de salud, que deberían asistir mensualmente, a menudo tardan hasta tres meses o incluso más en acudir. En algunos casos, el retraso puede extenderse a dos años, una realidad denunciada en varias comunidades.

El 23 de enero, Consultoría Técnica Comunitaria acompañó a la autoridad tradicional Ódami de Baborigame a presentar un juicio de amparo ante la falta de doctores, medicamentos, ambulancia y las condiciones inadecuadas de consultorios obstétricos y de urgencias que operan sin cumplir con los estándares oficiales.

«En Baborigame, una de las casas de salud presenta techos con goteras, está sin doctor, solo con una enfermera y carece de agua y luz. El juzgado concedió una suspensión para exigir medidas inmediatas, pero hasta ahora las autoridades no han respondido», denunció Quintana.

Además del caso de Ángel Ramón, esta organización ha documentado la muerte de Alba Luz Araujo Ayala, una joven embarazada de gemelos, y la pérdida de sus hijos por falta de atención médica, junto con otras muertes por desnutrición en la región.

«En el juicio de amparo hemos documentado, con ayuda comunitaria, al menos 37 casos de negligencia médica, algunos resultando en fallecimientos», señaló.

El juicio de amparo número 105/2026 fue presentado en el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Chihuahua y el 10 de febrero se otorgó una suspensión provisional que obliga a las autoridades estatales a garantizar el derecho a la salud para los pueblos originarios. Sin embargo, hasta el momento, no se ha cumplido con esta orden.

En Chihuahua, los principales pueblos originarios son rarámuris, ódamis, warijó y pimas, quienes enfrentan graves dificultades para acceder a servicios básicos de salud.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que en México existen 68 lenguas indígenas nacionales con 364 variantes, habladas por más de 7.3 millones de personas, equivalente al 6.1 por ciento de la población total. En Chihuahua, la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas estima una población indígena cercana a 110 mil personas, de las cuales el 90 por ciento son rarámuris, el ocho por ciento ódamis, y el uno por ciento corresponden a los guarojíos o warihós y pimas.

Este caso evidencia una problemática que va más allá de un solo evento, reflejando la vulnerabilidad estructural de las comunidades indígenas de Chihuahua frente a un sistema de salud que no está adecuadamente equipado ni preparado para atender sus necesidades específicas, poniendo en riesgo sus derechos fundamentales y su vida misma.