El contralor del municipio de Torreón, Óscar Luján Fernández, reveló importantes hallazgos tras concluir la auditoría realizada al Fideicomiso del Sistema de Prepago del Transporte Público. Durante este proceso, se enfrentaron a una evidente falta de transparencia por parte de los operadores, quienes se negaron a mostrar estados financieros fundamentales. Además, se subrayó que este fideicomiso ya debería haber sido rescindido hace varios años, lo que plantea serias dudas sobre su actual funcionamiento y vigencia.
Como antecedente, es importante destacar que en 2010 se estableció un fideicomiso para crear la empresa Servicios Tecnológicos de Prepago S.A. de C.V., la cual es manejada por los concesionarios del transporte público en Torreón, administrando el sistema de prepago que usan los usuarios del servicio.
Actualmente, aunque el sistema de transporte tiene un promedio de 250 mil usuarios diarios, solo alrededor del 30% utilizan la tarjeta de prepago. En julio de 2024, el entonces contralor municipal, Miguel Ángel Zúñiga Chávez, anunció que se realizaría una auditoría extraordinaria al fideicomiso para fiscalizar sus operaciones y verificar el cumplimiento de las especificaciones contractuales establecidas.
Respecto a los resultados, Óscar Luján Fernández detalló que la principal problemática detectada fue la carencia de transparencia entre los particulares que operan el fideicomiso. El municipio participa en esta figura porque el servicio es público y municipal, sin embargo, el conflicto surge entre los concesionarios privados responsables de la administración del fideicomiso.
“El municipio forma parte del fideicomiso porque es un servicio público municipal. Durante la investigación, se determinó que existió una gran falta de transparencia entre los concesionarios involucrados. Este es un conflicto interno de quienes operan el fideicomiso, no corresponde al municipio,” explicó el contralor.
Aunque aún no han cuantificado el impacto económico de esta falta de transparencia, las autoridades pudieron conocer solo la parte de la información que un grupo de concesionarios proporcionó. El otro grupo permanece renuente a facilitar los datos necesarios, dificultando la auditoría y profundizando el conflicto.
El contralor agregó que, en conclusión, “el fideicomiso debió haberse rescindido desde hace varios años; sin embargo, sigue operando para los intereses de algunos concesionarios, pero con un manejo opaco. La modernización del sistema implica la implementación de un nuevo esquema administrativo que sustituirá esta figura.”
Por otra parte, la administración municipal interviene en esta situación porque, además de ser una concesión municipal, el Ayuntamiento ha invertido 3 millones de pesos para garantizar la operatividad del sistema de prepago, buscando proteger los recursos públicos y el servicio a la ciudadanía.
Finalmente, el contralor señaló que para que exista una responsabilidad penal, deben ser los propios concesionarios integrantes del fideicomiso quienes presenten las denuncias correspondientes. Esto se debe a que no hubo apertura ni de la fiduciaria ni de los fideicomitentes en cuanto a la información, quienes tenían la obligación de proporcionarla a sus agremiados y tampoco lo hicieron, dificultando ejercer medidas legales inmediatas.
