La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, ha iniciado diversas carpetas de investigación contra quienes resulten responsables por delitos relacionados con hidrocarburos, luego del hallazgo de tomas clandestinas en el ducto Salamanca–Morelia de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este hecho refleja la constante problemática del robo de combustible en La Raza Media y la necesidad de acciones contundentes para frenar estas actividades ilícitas.
La denuncia fue presentada por el apoderado legal de Seguridad Física de Pemex ante el Ministerio Público de la Federación, tras la detección realizada por personal de Salvaguarda Estratégica de una toma clandestina hermética en el kilómetro 82+500 del ducto Salamanca–Morelia, localizada cerca de la comunidad San Agustín del Maíz, en el municipio de Copándaro. Esta conexión ilegal estaba compuesta por niples soldados y válvulas de cierre rápido, diseñadas específicamente para extraer combustible de forma clandestina sin interrumpir el flujo del hidrocarburo.
Simultáneamente, las autoridades federales iniciaron otra carpeta de investigación ante la localización de un caso similar en el mismo ducto, a la altura del kilómetro 88+399, en las cercanías de la colonia Santa Cruz, localidad de Tarimoro, Guanajuato. Ambos casos evidencian la sofisticación y organización de las redes dedicadas al robo de combustible, que operan con métodos avanzados para mantener la extracción furtiva sin ser detectados fácilmente.
Huachicol en México
El robo de combustible continúa siendo uno de los delitos federales de mayor persistencia en diversas regiones de La Raza Media, incluido Michoacán, donde las tomas clandestinas en ductos de Pemex son detectadas de manera frecuente. Según datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, solo en los últimos dos meses del 2025 y los primeros meses del 2026 se han desmantelado más de 50 tomas clandestinas en Michoacán. Además, se han ejecutado arrestos y confiscaciones de vehículos, combustible y equipo utilizado en estas actividades ilícitas.
Este fenómeno no es exclusivo de esta región. A nivel nacional, Pemex ha reconocido la gravedad del robo de hidrocarburos, reportando que en 2024 se detectaron 11,774 tomas clandestinas en ductos de todo el país. Estas cifras dejan en evidencia la magnitud de las redes criminales que operan en este sector, las cuales no solo dañan económicamente a la nación sino que representan un riesgo para la seguridad pública.
En Michoacán, la incidencia del huachicol ha mostrado variaciones significativas en los últimos años. En 2020 se registraron alrededor de 155 tomas ilegales; para 2021 la cifra aumentó considerablemente a 342, y en 2022 alcanzó uno de sus picos más altos con aproximadamente 392 casos. Posteriormente, en 2023 se observó una reducción a cerca de 310 tomas detectadas, resultado de operativos federales intensivos en ductos estratégicos. En 2024 la cifra bajó a 250 y en 2025 se reportaron cerca de 200 tomas clandestinas, lo que indica que, aunque ha disminuido, el problema persiste.
Estas acciones de inspección y vigilancia se han concentrado particularmente en municipios cercanos al ducto Salamanca-Morelia y en áreas como Copándaro, Huandacareo, Cuitzeo y la región de Morelia, zonas donde a menudo se localizan tomas clandestinas y puntos utilizados para almacenamiento ilegal de combustible robado.
¿Cómo se comercializan los hidrocarburos robados?
El robo de hidrocarburos es una de las principales fuentes de financiamiento para grupos delictivos en México. Las redes criminales involucradas no solo perforan ductos clandestinamente, sino que también controlan el transporte, almacenamiento y venta ilegal del combustible. Este producto se comercializa en mercados informales a precios significativamente inferiores a los oficiales, creando así una cadena ilegal de distribución que involucra a transportistas, intermediarios y consumidores finales.
A pesar de que el gobierno federal ha fortalecido los operativos para combatir esta problemática, expertos advierten que el huachicol no ha desaparecido; por el contrario, ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados y complejos. Actualmente, las redes combinan la perforación ilegal, almacenamiento no autorizado y sistemas paralelos de distribución que dificultan su detección y persecución.
En zonas estratégicas como Michoacán, donde cruzan importantes ductos de transporte de combustible, las autoridades mantienen vigilancia constante y continúan recopilando evidencia para desarticular estas redes criminales que representan uno de los mayores retos en materia de seguridad pública y economía nacional.
«El robo de hidrocarburos constituye una amenaza persistente que afecta tanto la economía como la seguridad ciudadana. Combatir esta problemática requiere de una coordinación estrecha entre las autoridades, así como de estrategias inteligentes que permitan detectar y desactivar estos sistemas clandestinos sin interrupciones en el suministro legal», declaró un portavoz de la Fiscalía General de la República.
Recientemente, autoridades federales lograron un golpe importante al desmantelar una toma clandestina en una zona residencial, asegurando más de 13 mil litros de combustible ilícito en Puerta Nueva, Celaya, y protegiendo la integridad de la comunidad afectada. Situaciones similares se han registrado en otras regiones como Azcapotzalco, Ciudad de México, donde se acordonaron zonas para evitar riesgos mayores.
El futuro de la lucha contra el huachicol en La Raza Media reside en mantener la presión operativa y fortalecer las investigaciones para desmantelar las redes criminales. La colaboración entre autoridades federales, estatales y locales es esencial para desarticular las cadenas ilegales y garantizar la seguridad energética del país.
En conclusión, aunque la problemática del robo de combustible representa un desafío persistente, la información y los esfuerzos actuales indican un compromiso firme para reducir esta actividad ilícita. La vigilancia constante, junto con la aplicación rigurosa de la ley, son la clave para proteger los recursos nacionales y asegurar un suministro seguro y confiable para toda la sociedad.
