La Fiscalía General del Estado (FGE) ha exigido con firmeza la revisión inmediata de la resolución judicial emitida por un juez federal que, mediante un amparo, permitió la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud” en Chihuahua. Esta decisión ha generado gran preocupación, ya que involucra un caso delicado relacionado con la supuesta mala gestión y acumulación irregular de cuerpos en dicho establecimiento.

El Fiscal General, César Jáuregui, declaró con contundencia que ante una resolución de este tipo no es posible más que impugnarla, por lo que la dependencia que dirige presentará sin demora un recurso de revisión ante los jueces del Poder Judicial Federal. La intención es que se reevalue y modifique la sentencia para restablecer el estado jurídico previo a la liberación de José Luis A.C.

Además, Jáuregui anunció que interpondrán un recurso de queja ante los Órganos de Control del propio Poder Judicial, buscando que la actuación del juez que otorgó el amparo sea revisada cuidadosamente y, de ser necesario, sancionada. La Fiscalía ha buscado también dar apoyo y comunicar esta postura a las familias afectadas por el caso, con quienes se ha reunido para explicarles los pasos legales que se seguirán en defensa de su derecho a la justicia.

En conferencia con medios de comunicación, acompañado por el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el Vicefiscal Francisco Sáenz, Jáuregui detalló que el amparo fue otorgado por el Juez Séptimo de Distrito Federal, lo que permitió la libertad inmediata del dueño del crematorio, quien permanecía detenido por delitos relacionados con el hallazgo de 386 cuerpos en el lugar el pasado 26 de junio.

¿Por qué se acusaba al dueño?

José Luis A.C. fue detenido bajo cargos vinculados con la administración irregular del crematorio donde se encontraron los cuerpos apilados en condiciones insalubres y en avanzado estado de descomposición. Según la Fiscalía, estas irregularidades implicaban un grave riesgo para la comunidad de Ciudad Juárez y un trato indigno hacia los fallecidos y sus familias.

El 13 de febrero, en cumplimiento con la orden judicial, se llevó a cabo la liberación del acusado. Hasta ese momento, la propia justicia federal ya había negado en una ocasión anterior un amparo similar, argumentando que la acumulación llevaba meses y que los cuerpos no recibían un manejo correcto, lo que ponía en evidente riesgo sanitario a la población.

«La evidencia que hemos presentado demuestra que había 386 cadáveres almacenados sin el tratamiento adecuado, acumulados no por días ni meses, sino por años, en las condiciones más insalubres. También probamos que a los familiares se les entregaron urnas funerarias con restos que no correspondían a sus seres queridos», explicó Jáuregui.

El Fiscal General puntualizó que el juez federal que concedió el amparo basó su fallo en la interpretación de los verbos rectores de los delitos imputados, «ocultar» y «conservar», y concluyó que no existía ocultamiento dado que los cuerpos no estaban propiamente escondidos, lo que a su juicio, no refleja la realidad probada de la negligencia y el dolo manifiesto en la acumulación de cuerpos.

Las pruebas aportadas a la Fiscalía indican que hubo un dolo evidente en la forma en que los cuerpos fueron acumulados y manejados, pues las familias que pagaron por servicios funerarios legítimos no recibieron las cenizas de sus seres queridos, lo que representa un agravio grave y un delito contra la dignidad humana.

«Ante una resolución como ésta, la única vía que queda es la impugnación. La Fiscalía presentará inmediatamente dos recursos: uno de revisión ante los jueces del Poder Judicial Federal para que se corrija esta sentencia y se restablezca el orden jurídico; y otro de queja ante los Órganos de Control del Poder Judicial para que se investigue la actuación del juez que tomó esta decisión», afirmó Jáuregui con firmeza.

Estrategias para garantizar justicia

El Fiscal hizo énfasis en que la institución ya desarrolla una estrategia jurídica para defender el caso, cuidando no entorpecer los procesos judiciales; por ello, ha decidido reservar detalles específicos. Sin embargo, reiteró el compromiso irrestricto de la Fiscalía para asegurar que las familias afectadas y sus seres queridos tengan acceso pleno a la justicia y que se haga valer la ley en este caso tan sensible.

Estado actual de la recuperación de cuerpos

Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado ha identificado formalmente 191 cuerpos encontrados en el crematorio, de los cuales ya se han entregado 185 a sus familiares. Además, se han realizado 152 pruebas periciales de ADN, cuyos resultados están próximos a ser recibidos, lo que representa un avance importante para esclarecer el destino final de las víctimas y cerrar este capítulo desde el punto de vista legal y humano.

Este caso ha puesto de relieve serias deficiencias en la supervisión y regulación de los servicios funerarios y ha motivado un llamado urgente para revisar y fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones tan lamentables vuelvan a repetirse. La Fiscalía mantiene su vigilancia estrecha y su compromiso de actuar con rigor en defensa de la sociedad y la dignidad humana.