El proyecto de una jubilación tranquila se ha convertido en una larga etapa de incertidumbre y lucha por la justicia para diversas víctimas en Torreón. En 2023, las maestras jubiladas Sonia García y Mayela Hernández, ambas de 70 años, decidieron invertir sus ahorros de toda la vida en la compra de un terreno ofrecido por internet con la esperanza de construir un espacio familiar propio y alejarse del ritmo laboral que marcó décadas de sus vidas.

La intención era clara y llena de esperanzas: levantar una quinta familiar donde pudieran convivir con sus seres más queridos, en un ambiente pacífico y seguro. Sin embargo, esta ilusión se ha detenido abruptamente. Sonia y Mayela forman parte de un grupo de 27 personas que han denunciado ser víctimas de fraude relacionado con operaciones vinculadas a la Notaría Pública número 45 en Torreón, con pérdidas ascendentes a cerca de 40 millones de pesos entre quienes ya se han organizado para exigir una solución.

El engaño comenzó con una oferta en redes sociales que parecía accesible: un terreno en la colonia Latinoamericana en el oriente de Torreón a un precio sustancialmente menor al del mercado. Guiadas por una mujer identificada como Ana, actualmente detenida en el Centro de Reinserción Social, ambas visitaron el predio y realizaron el pago inicial de 130 mil pesos, con la promesa de que todos los trámites se llevarían a cabo a través de la Notaría 45, lo que les aseguraba legalidad y seguridad.

«Nos mostraron el terreno y en 2023 lo pagamos en 130 mil pesos. Nos aseguraron que todo se formalizaría mediante la Notaría 45 y que era algo completamente seguro», relató una de las afectadas.

No obstante, la confianza fue minada con promesas incumplidas y retrasos constantes. Durante meses les dieron diferentes excusas como documentos faltantes o problemas administrativos para justificar la demora en la entrega de las escrituras, hasta que en octubre de 2024 les comunicaron que el terreno original no podía ser entregado y les ofrecieron en sustitución uno en la zona Sol de Oriente, que aunque estaba bardeado y parecía legítimo, los documentos entregados resultaron ser apócrifos, incluyendo escrituras falsas y contratos sin validez jurídica.

«Nos mantuvieron en un ciclo de excusas interminables: un documento faltaba, luego otros problemas administrativos; siempre una razón para no avanzar», explicó Sonia.

Además del pago inicial, Mayela realizó pagos adicionales por 11 mil pesos para «agilizar» trámites y posteriormente otros 50 mil pesos, aumentando así la pérdida económica considerablemente. La situación empeoró cuando la Notaría 45 cerró sus puertas y los intermediarios desaparecieron, lo que llevó a las víctimas a congregarse y descubrir que no eran las únicas afectadas.

«Durante este año nos hemos dedicado a identificar a más afectados para formar un grupo y nos dimos cuenta de que nuestra situación era compartida por muchos más», manifestó Sonia.

El daño que enfrentan las víctimas no es solo económico sino también emocional. En el caso de Mayela, parte del dinero provenía de un préstamo otorgado por el ISSSTE, ya liquidado. Así, el golpe no solo es financiero sino el desapego a años de esfuerzo y trabajo duro para asegurar un patrimonio.

«Es devastador. Uno trabaja toda una vida para lograr algo, y de repente todo se desvanece. No se trata solo del dinero, sino del sacrificio y dedicación de años», expresó una de las afectadas.

Sonia y Mayela coinciden en que las propuestas de las autoridades para ofrecer terrenos a bajo costo no resuelven el problema real y solo implicarían un nuevo gasto injusto para las víctimas.

«Nos están proponiendo comprar de nuevo, pero nosotras ya pagamos por ese terreno. Lo justo es que nos regresen nuestro dinero», afirmaron con determinación.

A pesar de su edad, ambas jubiladas están decididas a continuar con las movilizaciones públicas y los procesos legales hasta obtener una solución justa a su caso.

«A nuestros 70 años no nos rendiremos, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta injusticia», aseguraron con firmeza.

Ante la dimensión del fraude, el gobierno estatal de Coahuila inició una investigación para deslindar responsabilidades. Óscar Pimentel, secretario de Gobierno, informó que se han detectado irregularidades en varias notarías, provocando la cancelación de cinco fiats notariales, que son las autorizaciones oficiales para funcionar como fedatarios públicos, debido a falsificaciones de documentos, firmas y recibos fiscales, afectando tanto a particulares como a las finanzas públicas.

«En el caso concreto de la Notaría 45, se analiza si hubo participación de funcionarios estatales o municipales en estas irregularidades», puntualizó Pimentel.

Como compensación a los afectados, se estudia la posibilidad de ofrecer terrenos a bajo costo en colaboración con el ayuntamiento de Torreón, aunque este plan aún está en proceso de evaluación.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se comprometió a que se aplicarán sanciones contundentes a los responsables de este fraude.

«No permitiremos corrupción ni impunidad. Quienes hayan cometido actos ilegales serán castigados conforme a la ley», subrayó el gobernador.

La Dirección de Notarías mantiene operativos constantes para supervisar y asegurar la legalidad en sus actividades, y la cancelación de fiats es una medida administrativa que no limita posibles procesos penales adicionales.

Entre los delitos detectados figuran la falsificación de escrituras y de poderes notariales, hechos que pueden conllevar severas sanciones.

Desde el Colegio de Notarios de Torreón, su presidente Salvador Sánchez Ávila explicó que este tipo de fraudes se llevan a cabo generalmente mediante intermediarios que dan una apariencia de legalidad, falsificando documentos o presentándose como asesores inmobiliarios.

«Existen personas que se hacen pasar por asesores o gestores inmobiliarios y falsifican documentos. Además, hemos detectado llamadas solicitando dinero, muchas desde penales fuera de nuestra jurisdicción», explicó.

Recomendó a los ciudadanos que ningún notario debe ser impuesto y que siempre verifiquen la situación jurídica del inmueble antes de concretar una compra, revisando que esté libre de gravámenes, que sus antecedentes estén inscritos correctamente y que no tenga deudas pendientes.

«Es vital asegurarse que la propiedad esté libre de cargas, con antecedentes claros y sin adeudos, para evitar ser víctimas de fraudes», enfatizó.

Recordó además que los notarios manejan únicamente dos cuentas oficiales: una para honorarios y otra para impuestos y derechos derivados de la compraventa.

Para reforzar la prevención, el Colegio de Notarios habilitó un número de WhatsApp (87-1134-1515) para que la ciudadanía pueda denunciar posibles fraudes, que son canalizados a las autoridades correspondientes. Desde 2019, también se ha implementado un holograma de seguridad en los documentos notariales como medida para verificar su autenticidad, aunque las autoridades reconocen que las técnicas de falsificación son cada vez más sofisticadas.

Mientras avanzan las investigaciones, las víctimas siguen exigiendo justicia y la recuperación de su patrimonio, que representa el fruto de años de trabajo y sacrificio.

«Solo buscamos recuperar lo que legítimamente nos pertenece. No pedimos más que justicia», concluyeron las afectadas.