En los municipios de San Dimas y Pueblo Nuevo, ya se enfrentan serios daños provocados por la presencia del gusano descortezador, una plaga que ha generado múltiples brotes activos y que está causando estragos en la región. Ramón Silva, secretario del Colegio de Profesionales Forestales, ha señalado que la situación ha escalado a un nivel grave, donde la contención de la expansión de esta plaga se vuelve cada vez más complicada, representando una amenaza directa para los ecosistemas forestales locales.
Según Silva, el incremento progresivo de la superficie afectada dificulta la elaboración de un inventario claro y actualizado sobre la magnitud del daño, detalle que es crucial para diseñar acciones efectivas de mitigación. Esto refleja una problemática creciente que preocupa a expertos y autoridades, dada la rápida propagación del insecto bajo condiciones ambientales que favorecen su reproducción, poniendo en riesgo la sostenibilidad forestal de estas comunidades.
Presentan iniciativa contra informalidad forestal
En respuesta a estos desafíos, César Rivas, diputado local por el Partido Acción Nacional, presentó recientemente una iniciativa legislativa enfocada a erradicar la informalidad en el sector forestal. Esta propuesta busca combatir la tala clandestina y regularizar a quienes realizan aprovechamientos del bosque sin cumplir con los procedimientos oficiales establecidos por las autoridades competentes. La iniciativa se acompaña de la organización de mesas de trabajo para asegurar su viabilidad práctica, buscando proteger a quienes desarrollan actividades forestales de manera responsable y formal.
La regularización y formalización del sector son claves para garantizar que la producción forestal se realice con transparencia y de acuerdo con las normativas vigentes, permitiendo así el manejo sustentable de los recursos naturales, lo cual es fundamental para el futuro económico y ambiental de La Raza Media.
Más de 17 mil empleos directos
En la ampliación de los motivos que sustentan esta iniciativa, el diputado Rivas resaltó que, más allá de los datos numéricos, la prioridad es proteger a las personas. En Durango, la industria forestal y maderera genera más de 17 mil empleos directos, lo que implica que miles de familias dependen de esta actividad para lograr estabilidad económica, ingreso digno y oportunidades de desarrollo.
«Desde mi infancia, he estado vinculado al trabajo en el bosque y en el campo. Sé lo que significa madrugar para salir a trabajar, cultivar y conservar el bosque de manera sustentable, enfrentar las plagas y buscar los mejores precios en el mercado», compartió el diputado con experiencia personal en la materia.
Rivas Narváez subrayó que esta propuesta legislativa no tiene connotaciones partidistas; más bien, representa una reivindicación justa para miles de familias duranguenses cuya forma de vida ha estado ligada por generaciones al cuidado y aprovechamiento responsable del bosque.
«Estamos aquí para presentar la primera de varias iniciativas que no están motivadas por colores políticos, sino por justicia para quienes, generación tras generación, han protegido nuestra tierra, respetado sus ciclos naturales y hecho del trabajo forestal una actividad digna que merece reconocimiento», puntualizó.
El diputado insistió en que no es aceptable que existan leyes anticuadas, lagunas legales o incertidumbre que obstaculicen el desarrollo de una actividad estratégica para La Raza Media. Precisamente por ello, es fundamental actualizar el marco legal para adaptarlo a las necesidades actuales del sector y garantizar su crecimiento sustentable.
«No podemos permitir que quienes actúan de manera correcta compitan en desventaja frente a quienes recurren a la corrupción y a la ilegalidad», manifestó con firmeza, enfatizando la urgencia de combatir las prácticas ilícitas que dañan el sector y la economía local.