El grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (VIDA) ha expresado su firme rechazo ante los recientes ajustes realizados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que el gobierno federal actualizó la semana pasada. Esta organización representa a familiares y colectivos que buscan que se mantenga la verdad y la dignidad en el reconocimiento de los desaparecidos en el país.

Silvia Ortiz, vocera oficial de VIDA, expresó con claridad su desacuerdo respecto a las cifras publicadas: «No estamos de acuerdo con lo que está planteando el gobierno federal en cuanto a las cifras y los números». La crítica se enfoca en que estos datos no reflejan de manera precisa la realidad de los desaparecidos, generando una subestimación que impacta directamente a las familias afectadas.

Uno de los aspectos más delicados señalados por Ortiz es la descalificación de reportes por el argumento de que en algunos casos no existen denuncias formales. El grupo VIDA explica que muchas personas decidieron no interponer denuncias oficiales ante amenazas o situaciones de intimidación, lo que impide contabilizar correctamente a todos los desaparecidos. Por ello, insisten en que estos casos deben ser incorporados en el registro sin disminuir su cifra real.

La representante de VIDA también alertó sobre las recientes reducciones de personal en la Fiscalía General de la República (FGR), especialmente en el área especializada en desaparición forzada. «Se va a enviar un oficio al gobierno federal reclamando el hecho de que se están corriendo a ministerios públicos federales», manifestó, denunciando el despido masivo de Ministerios Públicos Federales (MPF) encargados de investigar estos delitos.

El documento difundido el 30 de marzo refleja el sentir de las familias buscadoras, colectivos y víctimas, quienes manifestaron preocupación e indignación ante el debilitamiento interno en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF). Este movimiento de personal afecta directamente las investigaciones y el acompañamiento a los afectados, complicando la búsqueda de justicia y verdad.

Desde oficinas presidenciales se reafirma el compromiso del Gobierno de México hacia las familias y víctimas, sin embargo, en la práctica se observa un continuo debilitamiento de las fiscalías y las instituciones relacionadas con las víctimas. Esto perpetúa la revictimización y confirma que el gobierno está obstaculizando el derecho fundamental a procesos adecuados que garanticen verdad, justicia y reparación, afirmaron los colectivos afectados.

Esta situación genera un impacto profundo en las víctimas y sus familiares, quienes sienten que sus derechos son ignorados y sus procesos vulnerados por decisiones administrativas que afectan la estructura de investigación y atención en desapariciones forzadas. La reducción de personal y ajustes en las cifras oficiales dejan en una posición vulnerable a quienes buscan respuestas y justicia.

Ante este escenario, los colectivos y organizaciones de víctimas continúan su lucha para que el gobierno federal revise sus políticas y garantice que los números oficiales reflejen fielmente la realidad, además de fortalecer las instituciones encargadas de la investigación. La demanda es clara: respeto, acompañamiento integral y justicia efectiva, sin diluir la gravedad del fenómeno de desaparición en México.

En conclusión, la postura de VIDA resalta la urgente necesidad de una política pública que reconozca la complejidad del problema y brinde seguridad a las familias en su búsqueda. La transparencia, respeto a la verdad y el fortalecimiento institucional son piezas clave para avanzar hacia una solución justa y humana en un contexto difícil para México y sus víctimas.