En un evento simbólico realizado en una reconocida tienda de autoservicio en Lerdo, se dio inicio oficial al operativo de inspección y supervisión en más de cien comercios de La Laguna de Durango que se dedican a la venta de alimentos típicos de cuaresma, haciendo especial énfasis en los productos marinos. Esta acción busca garantizar la calidad y seguridad de los alimentos durante esta temporada especial.

Jesús Rentería Maldonado, titular de la dependencia encargada de la vigilancia en la región, señaló que siguiendo las directrices de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se están efectuando visitas de inspección en un total de 115 establecimientos, incluidos diversos supermercados y tiendas de autoservicio en los doce municipios que conforman esta zona de influencia. Los operativos se están concentrando en asegurar el cumplimiento sanitario entre los comercios.

El arranque de este operativo tuvo lugar en una tienda localizada en la intersección de las calles Chihuahua y Belisario Domínguez, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa para detallar el programa de supervisión. En total, serán revisados 115 locales, todos ellos enfocados a la venta de productos para la temporada de cuaresma, un periodo en el que el consumo de mariscos y alimentos especiales incrementa considerablemente en la región.

Alcance y duración del operativo

«El Operativo de Cuaresma inicia desde este momento y se extenderá hasta mediados del mes de abril, abarcando un período aproximado de ocho semanas. Durante este tiempo, se visitarán establecimientos que cuenten con razón social y Registro Federal de Contribuyentes, con el propósito fundamental de prevenir enfermedades relacionadas con el consumo alimentario», explicó Rentería Maldonado.

El funcionario añadió que lamentablemente no se puede intervenir directamente en algunos comercios informales que operan en la vía pública, ya que estos no cuentan con un domicilio fiscal ni razón social. En estos casos, la labor se limita a realizar acciones de fomento sanitario, proporcionando recomendaciones específicas sobre el manejo adecuado de los alimentos y las condiciones higiénicas que deben mantener para evitar riesgos a los consumidores.

En cuanto a los establecimientos formalmente constituidos, cuando se detecta alguna anomalía durante la inspección, se procede a levantar un acta administrativa. Posteriormente, se efectúa una segunda visita a los 15 días para comprobar si las observaciones han sido atendidas conforme a las normas vigentes. Solo en casos graves, cuando se detectan condiciones de insalubridad severa, se considera la clausura del lugar para proteger la salud pública.

Supervisión, sanciones y recursos disponibles

Consultado sobre la aplicación de sanciones recientes, el funcionario informó que en los últimos tres años no se han impuesto sanciones severas, siendo la última a un restaurante local debido a pésimas condiciones higiénicas. Este hecho refleja un mayor compromiso por parte de los comercios para acatar las regulaciones sanitarias y atender las recomendaciones que se les hacen durante las inspecciones.

Rentería detalló que el equipo para llevar a cabo estas tareas está conformado por ocho verificadores, quienes enfrentan una gran responsabilidad, aunque cuentan con escasos recursos humanos debido a políticas de austeridad que han impactado negativamente a la dependencia. A pesar de ello, se esfuerzan por brindar una atención eficiente, principalmente en los municipios con mayor población como Gómez Palacio y Lerdo.

Las multas y sanciones impuestas por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (Coprised) pueden superar los 20 mil pesos, motivo por el cual se recomienda a los comercios dedicados a la venta de alimentos que atiendan oportunamente cualquier notificación y corrijan las irregularidades para evitar sanciones económicas significativas.

Finalmente, el titular advirtió que los inspectores portan gafetes oficiales con un código QR que los empresarios o encargados de los establecimientos pueden escanear para verificar la identidad y los datos generales de los funcionarios, evitando así posibles fraudes o actos de chantaje que pudieran perjudicar a los comerciantes.