El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha lanzado una contundente acusación señalando que existe una orden política dirigida a impedir su salida de prisión, justo cuando se acerca la fecha en que cumpliría su condena de nueve años. Este alegato cobra relevancia ante la percepción de que su encarcelamiento se ha prolongado mediante maniobras jurídicas.

Durante una audiencia en el Reclusorio Norte, Duarte afirmó enfáticamente que hay instrucciones claras de sus supervisores en la Fiscalía General de la República (FGR) para que permanezca preso. «La instrucción es que Javier Duarte no salga», manifestó, detallando que se ha ordenado a los funcionarios que fabricaran o buscaran cualquier medida cautelar para evitar su liberación, asegurando que «se apresuren a imponer una medida para que yo no salga».

Acusaciones y contexto judicial

El ex mandatario enfrentó ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor una nueva imputación por parte de la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de peculado por cinco millones de pesos, delito que supuestamente cometió durante su gestión. Esta acción judicial se produjo en contexto de que hace catorce años se habría publicado la gaceta relacionada al caso, y pese a prescripción, la FGR sostiene que los hechos pueden considerarse de forma continuada para mantener la medida de prisión preventiva.

Duarte señaló al respecto: «Aunque el delito está prescrito, se ordenó a los funcionarios: ‘si está prescrito, póngaselo como continuado. Así, mientras resuelven que se mantenga en la cárcel, seguimos armando el caso para que permanezca preso’».

Sin embargo, aunque tiene críticas hacia el proceso, el ex gobernador afirmó su confianza en la independencia del Poder Judicial y pidió que no sea utilizado como una herramienta política: «Confío en que el Poder Judicial no se convierta en un instrumento político del Estado, porque si eso ocurre, ya no habrá justicia verdadera».

Además, reiteró lo que considera las instrucciones reales entre los funcionarios: «Van a pedir prisión preventiva temporal mientras se resuelve mi amparo, porque ya llevo nueve años en la cárcel, y seguirá así hasta que los jefes lo indiquen».

Esta declaración destacó como un claro señalamiento de que el prolongado encarcelamiento obedece a motivos políticos y no estrictamente legales.

Respuesta judicial y cuestionamientos de Duarte

El ex gobernador no dudó en calificar las imputaciones de la Fiscalía como absurdas. Expresó: «Me están presentando un cúmulo de disparates que tuve que escuchar con paciencia». Para ejemplificar, hizo una analogía con un caso de homicidio, al señalar que la Fiscalía describe un crimen con una víctima, pero no presenta pruebas claras que vinculen a un responsable.

Subrayó: «Están narrando un homicidio donde hay un cuerpo muerto, pero no pueden demostrar quién cometió el crimen».

Duarte también cuestionó la credibilidad de los testimonios en su contra, particularmente citando a Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero y ex secretario de finanzas de Veracruz, quien es testigo protegido y actualmente prófugo con una orden de captura vigente en Veracruz. Afirmó que este testimonio es falso y que se usa para lograr la libertad del propio Abdalá.

En relación a las transferencias, Duarte comentó irónicamente: «La Fiscalía habla de convenios muy bonitos firmados con la presencia del presidente y los 32 gobernadores, donde nos entregan carpetas resplandecientes en Los Pinos».

Por su parte, el juez aclaró que su labor está desligada de consideraciones políticas, manteniendo su compromiso con la independencia judicial: «Los tintes políticos escapan a mi función, los jueces nunca hemos sido políticos. Aún confío plenamente en la independencia del Poder Judicial».

El episodio del helicóptero y la entrega voluntaria

Para sostener la prisión preventiva justificada, el juez sólo aceptó la argumentación de la FGR basada en que Duarte huyó en octubre de 2016, al viajar en helicóptero hacia Guatemala para evadir a la justicia, mientras estaba acusado por asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos.

En respuesta, Duarte señaló directamente al juez que esa versión no corresponde con la realidad y explicó: «El helicóptero no me llevó a Guatemala, sino a Coatzacoalcos. Mi pasaporte está vencido y la última entrada registrada a Guatemala es con ese pasaporte».

Asimismo afirmó: «No fue una extradición, sino un acuerdo. Me entregué voluntariamente, me allané y me presenté ante la Fiscalía. No he visto una entrega más rápida que la mía. Quiero que tenga la imagen completa».

Esta defensa buscó subrayar que su detención no fue producto de una captura forzosa sino de una decisión propia, desestimando la narrativa oficial de fuga.

Estos acontecimientos han generado gran interés y debate en La Raza Media, con el caso del ex gobernador siendo seguido minuciosamente dada su implicación en la política y la justicia mexicana. La controversia sobre la prolongación de su encarcelamiento sostiene un escenario de desconfianza en la imparcialidad del proceso judicial.

En conclusión, el caso de Javier Duarte refleja las complejidades del sistema judicial en México y el reto de garantizar que las decisiones penales no sean influenciadas por intereses políticos. Mientras tanto, la atención pública está puesta en si realmente se respetarán los plazos establecidos y la justicia prevalecerá en su forma más auténtica.