Después del trágico asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado, su hermano y subsecretario de Gobernación de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, ha denunciado públicamente que el ayuntamiento sigue utilizando recursos públicos para financiar la defensa legal de los siete escoltas implicados en el crimen. Esta revelación ha suscitado gran indignación y llevó a Manzo Rodríguez a exigir justicia y mayor transparencia en la investigación.
En una entrevista realizada con Samuel Cuervo y Zelenny Ibarra para La Raza Media Televisión, el subsecretario expuso que el informe sobre los pagos a los escoltas involucrados ya se encuentra «sobre la mesa», sin embargo, hasta el momento las autoridades pertinentes no le han dado la atención necesaria para esclarecer el caso a profundidad. A pesar de que abogados y funcionarios han insistido en ese aspecto durante meses, el avance ha sido limitado.
Manzo Rodríguez también señaló que existe una orden de aprehensión pendiente contra José Manuel Jiménez, el jefe de los escoltas, quien se mantiene prófugo mientras sigue recibiendo pagos irregulares por parte del Ayuntamiento. El subsecretario enfatizó la importancia de que la Fiscalía de Michoacán actúe con mayor rigor y prontitud para localizar a Jiménez, pues su captura podría ser clave para el desarrollo de la investigación.
Dictaminó la necesidad de llevar a cabo una indagatoria exhaustiva no solo dentro del Ayuntamiento, sino hacia el exterior, convocando a todos los involucrados a declarar, incluyendo a actores políticos del Partido Movimiento Regeneración Nacional. A pesar de que se emitieron tres citatorios para declarar, no se ha recibido respuesta alguna, lo que obstaculiza aún más la búsqueda de justicia.
«Genera gran indignación que Sigfrido Mújica, el secretario particular de Carlos Manzo, no se haya presentado a declarar; lleva seis meses sin acudir a la presidencia municipal y continúa cobrando un salario», denunció Juan Daniel Manzo Rodríguez.
Asimismo, el subsecretario expresó su desacuerdo con las recientes modificaciones en las medidas cautelares que permitirían a los presuntos responsables enfrentar el proceso en libertad. Como víctima indirecta y hermano de Carlos Manzo, reiteró que estas acciones son inaceptables y criticó la postura de la presidenta municipal frente a la Fiscalía, que ha facilitado estas modificaciones.
Manzo Rodríguez aclaró que no ha sufrido presión alguna de la gubernatura y destacó que hace pocos días presentó una queja ante la comisión de honor y justicia de Morena, la cual fue declarada improcedente a su favor, porque el asunto es estrictamente penal y no político. Añadió que, en caso de sentir alguna presión, estaría dispuesto a renunciar a su cargo y a su militancia.
En relación con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, el subsecretario afirmó que ella ha optado por evitar dar respuestas ante la polémica situación y decidió «guardar silencio», negando las acusaciones y afirmando que son falsas. Añadió que hasta el momento no ha entregado el teléfono celular de su exesposo Carlos Manzo para su análisis en el marco de la investigación, explicando que «como en cualquier caso de la Fiscalía, debe presentarse toda la evidencia que se tenga».
Finalmente, Juan Daniel Manzo mostró comprensión ante las dificultades internas del Ayuntamiento, destacando que entre ellos se encuentran familiares de los detenidos que incluso laboran en las oficinas municipales. A pesar de ello, insistió en la urgente necesidad de que se haga justicia de manera plena, sin distingos políticos, para esclarecer de una vez por todas este lamentable suceso.
Este caso continúa siendo un foco de atención y protesta en Uruapan, recordando permanentemente a Carlos Manzo a seis meses de su asesinato, mientras la exigencia por justicia sigue resonando en La Raza Media y sus habitantes.
