Un juez federal ha emitido una orden judicial dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que entregue íntegramente toda la información generada durante el año 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Centro (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, junto con otros documentos producidos por diversas instancias militares de inteligencia. Esta decisión marca un avance en el largo camino para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Los familiares de los normalistas desaparecidos estiman que existen al menos 853 folios generados por el CFRI que nunca les fueron entregados ni puestos a disposición, y exigen que se facilite el acceso a estos documentos para avanzar en una búsqueda efectiva de la verdad. La orden judicial subraya que la ausencia de continuidad documental no implica que la información no exista, sino que es un indicio de que dichos datos están bajo resguardo de las autoridades militares y, por tanto, deben ser liberados para su análisis.

Este mandato judicial fue dado a conocer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y fue emitido por el juez quinto de distrito en materia administrativa, Alan Arriola Padilla, el 19 de febrero, en el marco del juicio de amparo 1350/2023. Esta resolución responde a una demanda interpuesta en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa.

La demanda señalaba la omisión por parte de las autoridades militares al no entregar todos los reportes de inteligencia relativos a los hechos de 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a todas las dependencias federales a colaborar de manera completa y transparente en el esclarecimiento de este caso emblemático. La Sedena, a través de varios órganos de su estructura de inteligencia, ha sido señalada específicamente por ocultar documentación que, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), existe plenamente.

En su sexto y último informe, el GIEI reveló que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI durante el 2014, en relación con el seguimiento a los estudiantes durante y después de los trágicos eventos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Sin embargo, los documentos proporcionados estaban incompletos, dejando claro que faltaba información esencial para una comprensión cabal de los hechos.

«Pese a esto, hay suficientes indicios para concluir que el contenido de estos documentos es crucial para entender el contexto criminal que rodeó a Iguala y, particularmente, para esclarecer lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014», expresó el Centro Prodh.

Ante la falta de avances y la paralización de la Comisión de Seguimiento al Caso Ayotzinapa (COVAJ), que dejó de funcionar como un mecanismo eficaz para resolver los obstáculos en la investigación, las familias de los estudiantes buscaron la vía judicial federal para exigir justicia y verdad. Este fallo judicial reconoce el derecho legítimo de las familias a conocer la verdad, y con ello, la obligación perentoria del Ejército de entregar la información solicitada.

Además, la resolución establece que esta documentación no debe clasificarse como información confidencial o reservada, debido al interés público predominante no solo de las familias de las víctimas, sino también de la sociedad en general, que exige conocer la verdad en torno a los hechos que conmocionaron a México en 2014.

Este avance legal es crucial para la búsqueda de justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país, y abre un camino para que las autoridades responsables rindan cuentas, se esclarezcan los hechos y se someta a la justicia a quienes fueron responsables de la desaparición forzada de los estudiantes.