La Asociación de Propietarios de Inmuebles en Santa Bárbara ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de la ciudad. Alegan que la ordenanza que establece una congelación temporal en los aumentos de renta es ilegal y constitucionalmente cuestionable.

El 13 de enero, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza de Moratoria Temporal para Aumentos de Renta, una medida destinada a enfrentar la crisis de asequibilidad habitacional. Esta ordenanza prohíbe la mayoría de los incrementos en las rentas y estará vigente hasta el 31 de diciembre.

Sin embargo, esta decisión ha generado controversia. Barry Cappello, abogado de Cappello & Nol LLP, sostiene que el Concejo Municipal ha sobrepasado sus facultades con la ordenanza. Cappello enfatiza que la congelación no constituye una medida de emergencia y que un precedente similar no existe en ningún otro lugar.

El pasado martes por la noche, frente al Ayuntamiento de Santa Bárbara, Cappello acompañado por administradores de propiedades, anunció la intención de proceder judicialmente. Ellos argumentan que la congelación afecta los derechos constitucionales de los propietarios y podría complicar la capacidad de la comunidad para satisfacer sus necesidades habitacionales.

Nick Gonzales, administrador de propiedades, indicó que muchos pequeños propietarios brindan vivienda a residentes que no califican para complejos habitacionales más grandes. Además, resaltó que existe una población significativa de residentes indocumentados que dependen de estos pequeños arrendadores como su única opción habitacional.

Por otro lado, miembros de la comunidad expresan su apoyo a la medida del Concejo. Juan Vega, empresario local, destacó que el aumento constante de costos dificulta que los trabajadores puedan residir en Santa Bárbara. Comentó que muchas personas viajan diariamente a la ciudad porque el costo de vida local es demasiado alto, por lo que la congelación podría resultar beneficiosa.

Aunque la demanda aún no ha sido presentada formalmente, los abogados involucrados planean avanzar con esta en las próximas semanas. Los funcionarios municipales no han emitido comentarios al respecto, dado que aún no se ha presentado ninguna acción legal oficial.