En 2016, mediante un acuerdo entre el condado de San Luis Obispo, los gobiernos locales y PG&E conocido como SB109, se estableció un fondo que proporcionaba aproximadamente 9 millones de dólares anuales a estas entidades a través del Programa de Mitigación del Impacto Comunitario por las operaciones de la planta nuclear Diablo Canyon.
Con la extensión de la planta Diablo Canyon de 25 a 30 años, quedó incierto si el fondo de mitigación comunitaria debía continuar, según explicó la asambleísta Dawn Addis, representante del Distrito 30. Para resolver esta duda, Addis junto con el senador estatal John Laird, presentaron el proyecto de ley SB931 con el objetivo de restaurar este financiamiento.
Addis afirmó que se busca una aclaración para asegurar que estos fondos se mantengan como parte de los compromisos relacionados con Diablo Canyon. Anteriormente, este financiamiento beneficiaba al Distrito Escolar Unificado San Luis Coastal (SLCUSD), al condado de San Luis Obispo, y a las ciudades y distritos de servicios comunitarios de la región.
Ryan Pinkerton, subdirector del SLCUSD, detalló que aproximadamente 10 millones de dólares de estos fondos se destinaban a la fundación del distrito y cerca de 4.6 millones a su fondo general. Padres de familia como Annie Aguniga Frew y Ben Lippert, quienes se conocieron en una reunión de presupuesto del distrito escolar, formaron la Red de Información para Padres de San Luis Coastal con el propósito de buscar otras fuentes de financiamiento para el distrito.
Aguniga Frew expresó preocupación por posibles recortes, ya que hay estudiantes que ingresaron a kindergarten transicional (T-K) este año y la reducción de fondos podría afectar a programas esenciales. Lippert destacó que en la última ronda de recortes presupuestarios, que sumaron 5 millones de dólares, se eliminaron servicios de consejería y biblioteca, además de aumentar el tamaño de las clases y el número de clases combinadas, lo que afecta directamente a los estudiantes.
PG&E informó a KSBY News que desde 2018 ha pagado más de 185 millones de dólares al condado, incluyendo 85 millones otorgados mediante el Programa de Mitigación del Impacto Comunitario autorizado por la legislatura en ese año. Sin embargo, la autorización legislativa para este programa concluyó este año, por lo que cualquier cambio en la estructura fiscal o la continuación del fondo requiere nueva acción legislativa. La empresa señaló que permanece neutral respecto a evaluaciones fiscales justas y a la extensión del programa, aclarando que estos costos se trasladan a los clientes a través del precio de la electricidad.
Si el gobernador aprueba el proyecto de ley, los fondos de mitigación se reinstaurarían de inmediato. Addis manifestó la esperanza de que esta iniciativa avance antes del inicio del próximo ciclo escolar, para así garantizar la continuidad de recursos vitales para la comunidad educativa y local.
