El 19 de abril, dos agentes estadounidenses perdieron la vida en Chihuahua en un trágico accidente automovilístico mientras viajaban junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). Este lamentable suceso ha generado una serie de cuestionamientos públicos y oficiales acerca de la participación y la legalidad del trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y agentes extranjeros en operativos contra el crimen organizado.

Al cumplirse una semana del incidente, las autoridades se mantienen envueltas en una maraña de versiones contradictorias sobre las actividades que realizaban los agentes norteamericanos antes del accidente. Las hipótesis han ido desde un supuesto entrenamiento, hasta un raro traslado informal o incluso una participación directa en un decomiso de drogas sintéticas. Mientras tanto, el gobierno de Chihuahua ha enfrentado dificultades para clarificar de manera clara y transparente el papel de los agentes extranjeros, especialmente bajo la creciente presión y escrutinio desde Palacio Nacional.

La gobernadora María Eugenia Campos, quien inicialmente minimizó la controversia y respaldó la versión del embajador estadounidense acerca de que los agentes fallecidos estaban en operaciones anticrimen, modificó su postura el 25 de abril al anunciar la creación de una comisión especial para investigar en detalle las circunstancias que rodearon la presencia y funciones de dichos agentes. Además, ha declarado que por el momento no emitirá más comentarios para evitar entorpecer las pesquisas.

A continuación, se presenta una detallada cronología con las diferentes versiones, declaraciones y reclamos ocurridos desde el día en que sucedió el accidente.

Domingo 19 de abril: Anuncio inicial y versión oficial

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, informó que tras un operativo antidrogas exitoso, que permitió desmantelar un laboratorio clandestino en la sierra, fallecieron dos «instructores» estadounidenses que viajaban en el mismo vehículo donde murieron el jefe de la AEI, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta Manuel Genaro Méndez Montes.

«Lamentablemente, también fallecieron dos funcionarios instructores de la Embajada de Estados Unidos que estaban realizando labores de entrenamiento», declaró el fiscal.

En la misma jornada, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la pérdida de dos miembros de la embajada, relacionándola directamente con los esfuerzos compartidos para combatir el crimen organizado.

«Esta tragedia es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan los funcionarios de ambos países que trabajan para proteger a nuestras comunidades. Reafirma nuestro compromiso conjunto con la seguridad y la justicia», afirmó el embajador Johnson.

Lunes 20 de abril: Primeras dudas y llamados a aclarar

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desconocer cualquier participación de agentes estadounidenses en operativos o capacitaciones de seguridad en Chihuahua, haciendo el primer llamado a las autoridades locales para que dieran explicaciones claras.

Ante estos cuestionamientos, el fiscal Jáuregui aclaró sus anteriores declaraciones y negó que la muerte de los agentes estuviera vinculada directamente con el operativo antidrogas.

«La presidenta Sheinbaum tiene razón. No se informó que hubiera agentes norteamericanos participando en el operativo que desmanteló uno de los laboratorios clandestinos más grandes», puntualizó el funcionario.

Por su parte, la gobernadora Campos pidió no confundir los hechos, expresó su pesar por el fallecimiento de los agentes y reafirmó que existía colaboración entre ambas naciones.

En ese mismo día, el medio estadounidense The Washington Post informó que los agentes pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que habían participado en un operativo, versión que fue confirmada posteriormente por otros medios tanto en Estados Unidos como en México.

Martes 21 de abril: Nuevas versiones y polémicas

Claudia Sheinbaum señaló al fiscal Jáuregui por modificar su versión y reveló que, según reportes preliminares, sí existía colaboración de agentes estadounidenses en las acciones desplegadas en Chihuahua. La presidenta advirtió la posible violación de leyes y la Constitución por parte de autoridades estatales y señaló que cualquier cooperación en seguridad requiere autorización federal, anunciando una investigación al respecto.

Jáuregui sostuvo que los agentes solicitaron un «aventón» tras una capacitación sobre manejo de drones y que viajaban en un vehículo oficial de la fiscalía, desvinculándolos del operativo antidrogas.

En un evento público, la gobernadora Campos destacó el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en el operativo y manifestó su intención de reunirse con la presidenta Sheinbaum para aclarar lo sucedido.

Miércoles 22 de abril: Diferencias públicas y críticas internacionales

La presidenta Sheinbaum desmintió que algún comandante del Ejército mexicano conociera de la participación de agentes de la CIA y rechazó las declaraciones de Campos sobre la intervención de Defensa. Afirmó que no se informó a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional ni a la Secretaría de Seguridad sobre la cooperación de esos agentes.

«No había conocimiento ni autorización formal para su participación. Hemos verificado que no se notificó a las autoridades ni se cumplió el protocolo correspondiente», explicó la presidenta.

Sheinbaum reiteró que la intervención de agentes estadounidenses sin autorización está prohibida por la ley mexicana.

En Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Kristen Lewitt, criticó la postura de la presidenta mexicana, calificándola de falta de empatía hacia la difícil situación de quienes enfrentan el flagelo de las drogas y la cooperación bilateral en seguridad.

Jueves 23 de abril: Confirmación de violación constitucional y reunión clave

Durante su conferencia, Sheinbaum afirmó que su administración fue la primera en expresar condolencias oficiales al embajador Johnson por la pérdida de vidas estadounidenses. Sin embargo, enfatizó la necesidad de esclarecer la colaboración entre Chihuahua y las autoridades de Estados Unidos, recordando declaraciones previas del secretario de Seguridad estatal buscando cooperación directa con agentes extranjeros, lo cual calificó como una violación a la Constitución.

«Existe una falla institucional, ya sea del gobierno, del fiscal o del secretario de Seguridad de Chihuahua, porque no se respetó el marco legal ni constitucional para la colaboración en seguridad, especialmente con agencias estadounidenses», declaró la presidenta Sheinbaum.

Negó además que el Ejército mexicano hubiera tenido conocimiento sobre el papel de los agentes de Estados Unidos.

Ese día, la gobernadora Campos viajó a la Ciudad de México para sostener una reunión privada con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dialogar sobre los detalles del incidente y la presencia de los agentes fallecidos. La reunión tuvo una duración aproximada de una hora.

Viernes 24 de abril: Unidad especial para investigar y cartas formales

Sheinbaum confirmó brevemente que la reunión entre Campos y García Harfuch se había realizado y manifestó que estaban a la espera de recibir información adicional solicitada a la mandataria estatal. Además, anunció el envío de una carta a los gobernadores de la Raza Media para recordar la obligación de respetar la Constitución y la ley en materia de colaboración en seguridad.

Por su parte, la gobernadora Campos difundió en sus redes sociales una fotografía con el secretario de Seguridad y lanzó un mensaje pregrabado donde anunció la creación de una unidad especial destinada a investigar el caso relacionado con los operativos antidrogas en que estuvieron implicados los agentes fallecidos.

«Mientras tanto, para garantizar la integridad de las investigaciones, mi gobierno no emitirá ningún comentario sobre el desarrollo del caso», afirmó la gobernadora Campos.

Sábado 25 de abril: Postura oficial del gabinete de seguridad

Seis días después de los hechos, el gabinete de Seguridad emitió un comunicado conjunto expresando sus condolencias a las familias afectadas por el fallecimiento de las personas involucradas en el accidente. Confirmaron que los dos agentes estadounidenses ingresaron legalmente a México, precisando que uno lo hizo con motivos de visita y el otro portando pasaporte diplomático.

«Ninguno de estos individuos contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas dentro del territorio nacional. Por ello, se realizan revisiones en coordinación con las autoridades competentes y la Embajada de Estados Unidos en México. La ley mexicana es clara: no permite la intervención de agentes extranjeros en operaciones nacionales», destacó el comunicado oficial.

Este caso remarca las complejidades y retos que enfrenta la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente cuando se trata de cumplir estrictamente con los marcos legales y constitucionales que regulan dicha cooperación, lo que se ha convertido en un tema delicado de debate público, político y policiaco en la Raza Media.