La mañana de este lunes, un grupo significativo de mujeres se reunió en la plaza principal de Matamoros con la firme intención de exigir justicia en relación con la denuncia de violencia y múltiples abusos a sus derechos ocurridos dentro de un centro de rehabilitación de la ciudad. La manifestación visibilizó el grave problema que enfrentan las internas en estos lugares, subrayando la necesidad urgente de una supervisión más estricta y efectiva en estos establecimientos conocidos como anexos.

Las manifestantes acompañaron su protesta con carteles y evidencias claras de los hechos denunciados. En su reclamo, solicitaron directamente la intervención del gobernador Manolo Jiménez para que se intensifiquen las inspecciones y regulaciones en los anexos, con el propósito de garantizar un espacio seguro para quienes buscan rehabilitarse. Entre ellas estaba una de las víctimas, quien decidió presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Coahuila, detallando las anomalías detectadas en el anexo Eco Mariposa. Junto a familiares de otras afectadas, demandaron que la investigación se realice con rigor y conforme a derecho.

«Lo que realmente buscamos es justicia para todas las internas que han sufrido aquí. Yo misma fui una víctima dentro de este sistema. Se supone que estos centros son para sanar, no para agravar nuestro sufrimiento», manifestó con determinación la joven afectada.

El proceso de denuncia comenzó el jueves pasado cuando Andrea, una de las denuncias, prefirió mantener su identidad en anonimato tras descubrir que su suegra fue agredida tanto dentro como fuera del centro de rehabilitación. Ante esto, junto con su pareja, acudieron para retirar a su familiar del anexo. La situación se hizo pública tras la viralización de un video en redes sociales donde se mostraba a la mujer intentando escapar, lo que desató una serie de denuncias sobre las prácticas violentas del centro.

«Estos casos salen a la luz por la señora Alma, quien es mi familiar. Debido a un video que se difundió cuando intentó escapar, la reacción fue inmediata en redes sociales. Sin embargo, nos pidieron ocho mil pesos para permitir retirarla, argumentando que le faltaban dos meses para concluir su tratamiento», narró Andrea con indignación.

Violencia y abuso dentro del anexo

Las acusaciones señalan directamente a Paty González, conocida como “la madrina” del anexo, quien no agrede personalmente a las internas pero controla a un grupo de “servidoras” encargadas de castigar a las reclusas. El miedo a posibles represalias ha crecido considerablemente, sobre todo porque una de estas encargadas está relacionada con un funcionario identificado como Jordan. Asimismo, las denunciantes han recibido amenazas telefónicas en las que se les advierte que el anexo no será clausurado y se les insta a aceptar una compensación antes de proceder judicialmente.

«Las agresiones no vienen de la madrina directamente, sino de sus servidoras que ella tiene bajo su mando. Nos hicieron pasar noches enteras de pie, nos encerraron en jaulas y nos impidieron alimentarnos. Ella misma nos ha dejado claro que nunca ha aprobado los golpes, pero estas personas actúan sin medir consecuencias», relató la joven víctima de 24 años.

Esta mujer ingresó al centro en agosto de 2025 y, tras vivir esas condiciones, intentó escapar el día en que fue llevada a trabajar por los encargados. No fue sino hasta enero de 2026 que logró contacto con sus padres, quienes acudieron a rescatarla. Desde ese momento, ha decidido no regresar a ningún otro centro de rehabilitación debido a la experiencia traumática vivida.

A estos casos se suman los de Alma y Elizabeth. Esta última tiene a su hermana internada en el mismo anexo y denuncia que desde hace cinco meses no le permiten verla bajo el pretexto de que está en castigo por supuesta conducta violenta. Elizabeth apenas lograba verla en las redes sociales del centro, pero tras las denuncias recientes, las publicaciones con la imagen de su hermana disminuyeron hasta desaparecer, dejándola sin saber en qué situación se encuentra actualmente o si sigue internada.

«No me permiten verla ni una sola vez argumentando que está castigada por ser agresiva. La semana pasada decidí no pagar para presionar que me la entregaran, pero la respuesta fue nula», expresó Elizabeth con gran preocupación.

Elizabeth además sostiene una gran responsabilidad al costear las cuotas semanales del anexo, mientras se hace cargo de sus dos hijos y de tres sobrinos, ya que su madre se encuentra en proceso de recuperación por adicciones. Esta situación refleja la complejidad y el impacto que estas prácticas tienen en las familias de las internas.

Las mujeres también denunciaron que las internas son frecuentemente sacadas del centro para realizar trabajos de limpieza en casas particulares o en negocios de comida, los cuales presuntamente pertenecen a los mismos administradores del anexo. Esta forma de explotación agrava aún más la situación, colocando a las víctimas en riesgo y sin protección.

«Las obligan a limpiar casas de los mismos servidores o familiares, y a trabajar en puestos de comida como gorditas, cocedoras o barbacoa. Esto no es justo porque si sucede algo malo, ellos simplemente se deslindan de cualquier responsabilidad», sostuvo una de las denunciantes.

Por su parte, Andrea ha mantenido comunicación con el delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel, pero persiste el temor entre las mujeres de que el poder e influencia de los responsables puedan impedir que se haga justicia. Por eso han exigido el cierre inmediato de este centro y que se realice una revisión exhaustiva de todos los anexos que operan en el municipio para evitar que situaciones similares se repitan.

Este caso pone en evidencia las condiciones precarias y los abusos sistemáticos en algunos centros de rehabilitación, demandando respuestas inmediatas y contundentes por parte de las autoridades. La lucha de estas mujeres resalta la necesidad de un ambiente digno y seguro para quienes buscan superar adicciones, donde se garantice el respeto a sus derechos humanos y la protección ante la violencia.