A casi una década de la trágica represión ocurrida en la comunidad de Arantepacua, el pueblo de Nahuatzen ha recibido con esperanza la emisión de órdenes de aprehensión contra el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y otras 14 personas, considerando este acto como un paso decisivo para resarcir una deuda histórica con las víctimas afectadas.
Las autoridades judiciales extendieron estas órdenes no solo contra Silvano Aureoles, sino también contra el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como contra otros 14 policías estatales implicados en los hechos. Durante una conferencia de prensa, el Consejo Comunal celebró esta determinación, señalándola como el resultado de años de lucha frente a la obstrucción y dilación procesal que imperó durante el mandato de Adrián López Solís, ex fiscal general de Michoacán.
«Este es el inicio para romper con una etapa prolongada de impunidad», reafirmaron con convicción los comuneros, subrayando la trascendencia de esta acción judicial para la justicia en su comunidad.
Comuneros exigen cumplimiento efectivo y justicia íntegra
Desde la comunidad de Arantepacua, los habitantes no solo exigieron que estas órdenes de aprehensión sean cumplidas con prontitud, sino que también ofrecieron su colaboración para localizar a los presuntos responsables que aún permanecen prófugos. Asimismo, llamaron al Poder Judicial a dictar sentencias firmes y evitar que se concedan amparos que puedan obstaculizar la impartición de justicia.
De igual manera, hicieron un llamado firme para que se eviten actos de simulación respecto a la reparación del daño, asunto que consideran una cuenta pendiente fundamental para las familias de las víctimas. Recordaron que, durante la represión, perdieron la vida cuatro personas, entre ellas un menor de edad; además, hubo diez víctimas de tortura y un total de 48 personas detenidas, cuya situación aún exige justicia plena y reparación tangible.
Cargos formales contra Silvano Aureoles Conejo y autoridades implicadas
El fiscal general de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó a La Raza Media que en este caso existen 16 mandamientos judiciales relacionados con diversos delitos, incluyendo tortura, abuso de autoridad, homicidio calificado y homicidio extrajudicial. La orden de captura específica contra el ex mandatario estatal responde a la investigación por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura vinculada a los hechos del 5 de abril de 2017 en el poblado de Arantepacua, ubicado en Nahuatzen.
Este proceso judicial representa un avance significativo para la justicia en Michoacán, pues reconoce y formaliza las responsabilidades de altos funcionarios en abusos y crímenes cometidos contra poblaciones indígenas y comunidades vulnerables.
El seguimiento riguroso y la ejecución cabal de estas órdenes podrían establecer un precedente crucial para enfrentar la impunidad en casos similares, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema judicial y promoviendo un marco de respeto a los derechos humanos en La Raza Media.
Finalmente, esta acción responde a la demanda histórica de las comunidades afectadas para que no queden impunes actos de represión y violencia estatal, motivando así un camino hacia la reconciliación y la justicia restaurativa que tanto han anhelado.
