Al cumplirse un año del asesinato de Marco Antonio Suástegui, reconocido líder social del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), un total de 88 organizaciones sociales han alzado la voz para denunciar la total impunidad que rodea este crimen. La exigencia principal es avanzar en la justicia para esclarecer y sancionar a los responsables, debido a la falta de resultados contundentes en la investigación.
En una marcha realizada en Chilpancingo, las organizaciones manifestaron su profundo descontento por la actitud complaciente y omisa de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE). Destacaron que se ha desperdiciado un tiempo crucial para avanzar en la investigación, lo que ha retrasado la procuración de justicia. Este retraso prolonga el sufrimiento de la familia y fortalece la percepción de un encubrimiento de los presuntos culpables.
«Observamos con preocupación que la Fiscalía no ha mostrado avances sustanciales en las investigaciones; existe un patrón de encubrimiento hacia los sospechosos, no hay evidencia de órdenes de aprehensión vigentes, y el proceso se caracteriza por una dilación considerable, tratos deficientes a las víctimas y acceso limitado a los expedientes», denunció Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La dirigencia del Centro de Derechos Humanos exigió respeto y transparencia en la investigación, solicitando que se eliminen las dilaciones injustificadas y que se garantice a familiares y abogados un acceso amplio y constante a toda la información relacionada con el caso. Subrayaron que hasta ahora no se ha apresado al autor material del asesinato, y lamentaron que las líneas de investigación aún no se han desarrollado con la profundidad necesaria para alcanzar justicia.
Este colectivo de organizaciones reiteró que a un año del fatídico evento, es imperativo que las autoridades de Guerrero cumplan con su deber de llevar a cabo una investigación profesional, imparcial y exhaustiva. El objetivo prioritario debe ser sancionar a quienes atentaron contra la vida de Marco Antonio Suástegui y enviar un mensaje firme contra la impunidad que prevalece en estos crímenes.
Además, las organizaciones remarcaron la deuda histórica que representa esta situación frente al legado del propio Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue un destacado líder social y defensor incansable de los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades del estado de Guerrero. Su muerte no solo dejó un vacío en la lucha social, sino también un desafío moral para quienes administran justicia.
Recordaron con dolor que el 18 de abril de 2025, un individuo se acercó a Marco Antonio Suástegui y le disparó en múltiples ocasiones, ataque que finalmente le causó la muerte el 25 de abril a causa de las heridas sufridas. Este acto cruel y violento sigue sin esclarecerse completamente, lo que genera más incertidumbre y frustración entre la comunidad.
La manifestación en Chilpancingo fue un llamado contundente a las autoridades, enfatizando la urgencia de justicia y la responsabilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar el respeto a los derechos humanos. La impunidad sólo perpetúa la violencia y erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de procurar justicia.
