Los Órganos Internos de Control (OIC) en Coahuila son unidades administrativas fundamentales que dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC). Estos órganos existen en 17 dependencias y 50 organismos públicos del Poder Ejecutivo estatal, además de los correspondientes a los 38 municipios. Su función principal es supervisar y garantizar la legalidad y transparencia en la administración pública.

A pesar de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Coahuila establece las facultades para iniciar procedimientos sancionatorios, no obliga la publicación accesible de los informes entregados a la SEFIRC, aunque sí se debe informar a esta Secretaría respecto a los procedimientos en curso y su estatus. Esto ha generado una falta de claridad pública sobre las acciones tomadas por los OIC.

El artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior señala que los Órganos Internos deben informar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) dentro de 30 días hábiles sobre el inicio de cualquier procedimiento administrativo, así como presentar informes periódicos cada 30 días hábiles sobre el avance de las investigaciones y las sanciones impuestas. Asimismo, deben reportar la resolución definitiva de cada caso en un plazo máximo de 10 días hábiles tras su emisión.

La ASE evalúa anualmente, a través del Indicador de Cumplimiento, el desempeño de estas entidades ante promociones de responsabilidades administrativas no graves, generando informes donde se muestran los avances en auditorías de cumplimiento, legalidad, fondos y programas de inversión, entre otras. No obstante, la información disponible es escasa y poco homogénea: en el sitio oficial de SEFIRC, la lista de procedimientos no se encuentra bajo ese nombre sino como «lista de acuerdos», y cubre únicamente los dos últimos años, 2025 y 2026.

En estos registros se contabilizan 374 procesos durante esos años, con datos limitados a fechas, número de expediente, dependencia, nombre del presunto responsable y el último acuerdo registrado. De estos, solo 14 casos cuentan con una resolución definitiva que incluye sanción, aunque no se detalla el tipo de sanción ni la naturaleza exacta de la irregularidad cometida. Además, datos como los nombres y cargos de sancionados a menudo están ausentes o presentados de forma imprecisa.

En contraste, la ASE reporta en su informe del segundo semestre de 2025 que de 142 entidades fiscalizadas con promociones de presuntas faltas administrativas no graves, apenas en seis Órganos Internos de Control se aplicaron sanciones. La mayoría no reflejó sanciones o se llegaron a acuerdos cuya naturaleza no se especificó, lo que pone en evidencia deficiencias en la transparencia y contundencia de estos procesos.

Retos y perspectivas desde las autoridades

Intentos de diálogo con las titulares de SEFIRC y la ASE no obtuvieron respuestas directas sobre estas limitaciones informativas, mientras que el Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), representado por María Teresa Nares Cisneros, aclaró que su función primordial es la prevención y sanción de actos de corrupción, contando con autonomía técnica y de gestión para llevar a cabo auditorías y supervisión de declaraciones patrimoniales.

El IEC presenta informes periódicos al Consejo General, al Congreso, a la ASE, a SEFIRC y al Sistema Estatal Anticorrupción, además de facilitar acceso ciudadano mediante un micrositio que explica sus mecanismos de fiscalización. Sin embargo, aclaran que no intervienen en asuntos ajenos a sus competencias, como disputas partidistas o casos fuera de su jurisdicción.

En Saltillo, la Contralora Municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, detalló que la atención a quejas ciudadanas sigue un proceso riguroso conforme a normativas, donde se pueden registrar denuncias identificadas o anónimas para analizar y, de ser necesario, iniciar investigaciones extensas. Muchos procedimientos, explicó, se prolongan debido a recursos legales como amparos y revisiones en tribunales administrativos.

Las áreas más reclamadas por ciudadanos suelen ser aquellas con atención directa, como Catastro y Desarrollo Urbano. A pesar de que la contraloría publica sanciones en un portal de transparencia, la resolución definitiva puede tardar años debido a procesos legales y garantías de audiencia, dificultando la rapidez de la justicia administrativa.

Francia Fuentes, directora jurídica de la Contraloría de Saltillo, indicó que, aunque no todas las quejas resultan en sanciones formales, la contraloría procura acelerar los trámites y enviar oficios de instrucción para mejorar procesos y garantizar que los denunciantes tengan seguimiento adecuado.

Así, la realidad de los Órganos Internos de Control en Coahuila refleja un sistema que, si bien cuenta con marcos jurídicos para la fiscalización y sanción, padece por la opacidad en la difusión de información y la escasa aplicación de sanciones definitivas, lo que limita la confianza ciudadana y la efectividad en la prevención de corrupción.

El fortalecimiento de la transparencia, la mejora en la homologación y publicación de datos accesibles, así como la adopción de procesos más ágiles y resolutivos, son claves para avanzar hacia una fiscalización pública más eficiente y creíble, en beneficio del buen gobierno y la rendición de cuentas en La Raza Media.