El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur expresó su preocupación y calificó de «irresponsable» la postura asumida por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío en defensa del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las graves acusaciones internacionales que enfrenta. Según el PAN, la reacción pública del gobernador no refleja la seriedad que requiere un caso de tal trascendencia.

El presidente estatal del PAN, Rigo Mares, destacó que ante una acusación formal y documentada presentada en Estados Unidos que relaciona al gobernador Rocha Moya con presuntos vínculos con el crimen organizado, la respuesta del Ejecutivo sudcaliforniano debería ser mucho más cuidadosa y responsable. No basta con minimizar o descalificar los señalamientos, subrayó Mares, pues tienen un impacto profundo y una dimensión internacional que no debe ignorarse.

«No estamos ante meras opiniones o especulaciones. Se trata de una acusación judicial formal de carácter internacional que tiene que ser atendida con el máximo rigor y responsabilidad», enfatizó Rigo Mares, presidente estatal del PAN en Baja California Sur.

El malestar del PAN BCS surgió tras las declaraciones del propio gobernador Víctor Castro Cosío, quien rechazó la gravedad de las investigaciones en Estados Unidos calificándolas como una «intriga» y un «golpe bajo» con la intención de desestabilizar el movimiento de la cuarta transformación. Además, reafirmó su apoyo personal a Rocha Moya, señalando la relación histórica y la confianza mutua que mantienen.

«Quiero recalcar que, más allá del afecto personal, es un amigo de muchos años con quien comparto lealtad tanto en las buenas como en las malas circunstancias», expresó Víctor Castro. Asimismo, negó categóricamente la validez de las acusaciones contra Rocha Moya, argumentando que «las críticas carecen de pruebas sólidas y buscan únicamente envenenar el ambiente político».

El peligro de normalizar vínculos ilegales entre poder y delincuencia

Para el PAN en Baja California Sur, restar importancia a una acusación tan delicada y convertirla en una simple «intriga» o «calumnia» no solo es una actitud temeraria, sino que puede contribuir a normalizar la complicidad o connivencia entre actores del poder público y organizaciones delictivas. Tal postura, advierten, mina la confianza ciudadana y erosiona el respeto por las instituciones.

Rigo Mares alertó que el respaldo público del gobernador Castro Cosío podría funcionar como un «encubrimiento verbal» que obstaculiza las investigaciones necesarias para aclarar los hechos con total transparencia y rigor.

«Desestimar una acusación formal calificándola de ‘intriga’ es restar relevancia a un caso que involucra a instituciones enteras, lo que debilita la confianza pública y fomenta la impunidad dentro del sistema», aseguró Mares.

Este contexto se agrava aún más debido a recientes hechos ocurridos en Baja California Sur, donde el 16 de julio fueron aparecieron mantas con mensajes que buscaban vincular al propio Víctor Castro con grupos delictivos. El gobernador respondió firmemente a estas acusaciones, asegurando que las mencionadas mantas fueron colocadas usando un vehículo oficial perteneciente a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, lo que genera todavía más inquietudes sobre el manejo institucional local.

Finalmente, el PAN BCS reiteró que la única solución real a esta crisis no podrá obtenerse con la simple solicitud de licencia del gobernador Rocha Moya, ya que el problema de fondo radica en la posible infiltración y captura de instituciones por parte del crimen organizado. Por tanto, es imprescindible que las autoridades nacionales y federales lleven a cabo una investigación profunda, con total transparencia y sin concesiones, para restaurar la confianza y garantizar la rendición de cuentas.

La situación refleja un desafío urgente para la gobernabilidad y la integridad de las instituciones en La Raza Media, demandando medidas claras que no permitan la impunidad ni el debilitamiento del sistema democrático.