La Secretaría Anticorrupción de Tamaulipas ha dado un paso firme en la lucha contra la corrupción al presentar un total de 28 denuncias formales ante las Fiscalías estatal y federal. Estas denuncias buscan investigar presuntos delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, además de remitir 67 expedientes a los tribunales de justicia administrativa por posibles faltas graves cometidas por servidores públicos. Este acción representa un esfuerzo coordinado para combatir la impunidad y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Durante su comparecencia ante diversas comisiones del Congreso Local en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción, detalló que los casos detectados involucran conductas que podrían constituir peculado, desvío de recursos públicos, uso indebido de atribuciones y nepotismo. Estas irregularidades abarcan tanto el actual periodo gubernamental como la administración anterior, lo que evidencia un patrón extendido de malas prácticas en la gestión pública.

La funcionaria explicó que estas investigaciones se dividen en dos grandes categorías: presuntos delitos penales y faltas administrativas graves. La competencia para dar seguimiento y resolución corresponde a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) y los Tribunales de Justicia Administrativa tanto a nivel estatal como federal. Así, se consolidan los mecanismos para perseguir con rigor a los responsables y sancionar con todo el peso de la ley.

Norma Angélica Pedraza subrayó que de las 28 denuncias penales, 23 fueron presentadas ante la fiscalía estatal especializada y cinco ante la FGR. En cuanto a los expedientes administrativos, uno está ligado a la esfera federal. Las acusaciones penales mayoritariamente se basan en irregularidades detectadas el año pasado y mayormente relacionadas con la pasada administración, afectando áreas claves como la Comapa Zona Conurbada, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, y diversas secretarías como la de Economía, Trabajo, Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Educación, Obras Públicas, Bienestar Social y Administración, así como la ex Contraloría Gubernamental y la Oficina del Gobernador.

En particular, la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República se relaciona con el manejo irregular de recursos en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace), junto con las Secretarías de Salud y Finanzas, lo que indica la gravedad y alcance de las anomalías detectadas a nivel federal.

Sanciones e inhabilitaciones a servidores públicos

En respuesta a estos hallazgos, la Secretaría Anticorrupción ha avanzado también en la aplicación de sanciones y medidas de inhabilitación contra servidores públicos implicados. Norma Angélica Pedraza destacó que ya existen personas sancionadas e inhabilitadas tras comprobarse su participación en actividades constitutivas de delito. Esto incluye multas considerables impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa, que han oscilado entre 300 mil y un millón de pesos, y el endurecimiento de las medidas contra seis servidores públicos que han enfrentado las consecuencias legales de sus actos.

«Conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas, hemos sancionado a más de 140 servidores públicos, incluyendo 94 inhabilitaciones, 19 suspensiones y 29 amonestaciones, de las cuales 58 sanciones se aplicaron durante el año 2025», afirmó Pedraza Melo ante los diputados locales, enfatizando el compromiso de la dependencia para combatir la impunidad.

Sanciones por omisión de declaraciones patrimoniales

La titular de la Secretaría Anticorrupción agregó que un punto focal en la fiscalización ha sido el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales. Al cierre de 2025, 33 servidores públicos fueron sancionados con inhabilitación por no presentar debidamente sus declaraciones, evidenciando un combate específico contra la opacidad y el incumplimiento en esta materia esencial para la prevención del conflicto de intereses.

Pedraza Melo mencionó que actualmente están en investigación más de 4 mil expedientes por posibles responsabilidades administrativas sancionatorias, de los cuales aproximadamente un 60% corresponden a la administración anterior y el restante 40% a la actual. Estos expedientes derivan de denuncias surgidas en el proceso de entrega-recepción, informes de auditorías realizadas por órganos fiscalizadores externos y quejas presentadas por la ciudadanía, lo que evidencia una vigilancia continua y ciudadana.

Estos esfuerzos coordinados y exhaustivos reflejan una política pública orientada a instaurar la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales en Tamaulipas, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Esta estrategia no solo busca castigar a los responsables, sino también prevenir futuras conductas irregulares en la administración pública estatal y federal.

En definitiva, la presentación de estas 28 denuncias, junto con los 67 expedientes administrativos remitidos, marca un hito importante en la lucha anticorrupción en Tamaulipas y representa un mensaje claro de que ninguna irregularidad quedará impune. La vigilancia constante y la sanción ejemplar son herramientas esenciales para garantizar la legalidad y la ética en el ejercicio del servicio público, promoviendo un gobierno más transparente y responsable para todos los habitantes de La Raza Media.