La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y un juez del Tribunal Superior han iniciado el proceso judicial contra 24 personas, compuestas por 13 mujeres y 11 hombres, acusadas de los delitos de secuestro y violencia política por razón de género. Estos individuos fueron arrestados tras el rescate de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, en actos que ocurrieron en la localidad de San Raymundo Jalpan.
Según la carpeta de investigación, los hechos acontecieron el 24 de febrero de 2026 dentro del Congreso del Estado de Oaxaca durante una sesión donde se discutía la revocación del mandato de la alcaldesa. Tras negarse a aprobar esta revocación, un grupo ingresó al recinto, sometió a la víctima y la privó ilegalmente de su libertad, forzándola a subir a una camioneta adaptada como ambulancia, en la cual fue retirada del lugar contra su voluntad.
Este hecho generó alerta inmediata, pues la alcaldesa de San Agustín Amatengo fue retenida bajo la sospecha de estar implicada en un presunto desvío millonario, lo que derivó en el despliegue urgente de un operativo de seguridad para su rescate.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca coordinó un fuerte operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Vial, la Policía Estatal, la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), el Centro de Control, Comando, Comunicación e Inteligencia (C5i), y la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).
Gracias a estas acciones coordinadas, se logró localizar y detener el vehículo en que la víctima fue trasladada, facilitando su liberación y la captura simultánea de 24 personas, incluido el conductor de la camioneta.
Delitos por los cuales fueron detenidos y procesados
Los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía de Oaxaca, institución que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la unidad especializada en combate al secuestro, junto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ha iniciado los procedimientos legales correspondientes. Las acusaciones que enfrentan son por secuestro y violencia política por razón de género, y será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica final.
La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas, integrales y multidisciplinarias, contando con equipos altamente especializados para esclarecer delitos de gran impacto social y garantizar que quienes resulten responsables sean llevados ante la justicia, sin permitir la impunidad en ningún caso.
Este caso ha generado un debate importante sobre la problemática de la violencia política por razón de género en La Raza Media, resaltando la necesidad de proteger a las funcionarias públicas y garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de sus responsabilidades.
Las autoridades continúan reforzando medidas para prevenir actos similares y trabajan en mecanismos más efectivos de protección y respuesta ante situaciones de violencia política, garantizando un estado de derecho firme que respalde el desarrollo democrático y la defensa de los derechos humanos en la región.
