La Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara ordenó el año pasado a todos los cultivadores de cannabis en invernaderos, en su mayoría ubicados en el Valle de Carpinteria, que instalen sistemas de control de olor dentro de sus instalaciones antes del 18 de marzo de 2026.

Esta normativa exige el uso de filtración de carbono multitecnológica, conocida comúnmente como ‘scrubbers’, u otra tecnología equivalente diseñada para reducir los olores de cannabis provenientes de las operaciones en invernaderos. Los cultivadores que no cumplan con este plazo corren el riesgo de perder sus licencias comerciales.

La regla fue adoptada tras años de quejas de residentes que viven cerca de estas granjas de cannabis en el valle costero, quienes han manifestado molestias debido a la intensidad del olor.

Maria Dolores, quien trabaja frente a uno de estos invernaderos, comentó que el olor ha sido evidente durante mucho tiempo en la zona. «Sí, el olor es bastante fuerte», indicó Dolores. Sin embargo, añadió que con la instalación de los filtros, la situación ha mejorado un poco.

Un informe del Departamento de Planificación y Desarrollo del condado revela que 11 de los 22 cultivadores del valle ya cumplen con el plazo establecido. No obstante, algunos residentes vecinos señalan que otros problemas persisten.

Sarah Aresco Smith, agente inmobiliaria local y vecina de un invernadero, explicó que el ruido y la iluminación de estas instalaciones generan molestias. «La casa donde vivo limita exactamente con una granja de cannabis. No son los vecinos ideales», declaró Smith. Para ella, el problema principal no es el olor, sino las luces que no siempre apagan cuando deberían y la intensa ventilación, cuyos ventiladores son muy ruidosos y resultan disruptivos.

Algunos cultivadores solicitaron al condado una prórroga para cumplir con el requisito de control de olores. Eric Edwards, representante de la empresa de cannabis Headwaters, informó a los supervisores que el proceso de reducción del olor estaba tomando más tiempo del previsto. «Mientras avanzamos en este proceso, está tardando un poco más de lo esperado», aseguró Edwards al pedir una extensión.

Finalmente, la Junta de Supervisores rechazó estas solicitudes, manteniendo firme la fecha límite del 18 de marzo para el cumplimiento.