La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha aclarado que no cuenta con facultades para imponer multas en relación con las condiciones sanitarias o de higiene en la venta de tortillas, después de la controversia generada por declaraciones recientes de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico. Esta aclaración busca disipar rumores sobre supuestas sanciones millonarias a negocios por vender tortillas en hieleras o transportarlas en motocicletas.

Se puntualizó que en ninguna región del país Profeco puede sancionar a proveedores por aspectos relacionados con el manejo de alimentos, sanidad o higiene, a pesar de que se difundieron informaciones sobre multas que podrían alcanzar hasta los 4 millones de pesos. Este anuncio se dio luego de que un funcionario de Odeco Golfo-Norte sugiriera posibles penalizaciones económicas para establecimientos que incumplan estas condiciones.

La aclaración de Profeco surge en un contexto donde la seguridad alimentaria y el cumplimiento de normas sanitarias generan preocupación entre los consumidores y productores, especialmente en productos básicos como la tortilla. La controversia también refleja la complejidad de las regulaciones y las atribuciones específicas de cada autoridad en materia de control sanitario alimentario.

Las implicaciones de este malentendido afectan directamente a los productores y distribuidores de tortillas, quienes podrían recibir información errónea sobre las consecuencias legales de su forma de comercialización. También impacta en la confianza del consumidor, quien busca garantías en la higiene y calidad de los alimentos que adquiere diariamente.

Profeco enfatizó que sus responsabilidades se centran en supervisar las relaciones de consumo, procurando justicia y transparencia entre proveedores y clientes. De este modo, vigila aspectos comerciales, precios y la veracidad en el etiquetado de productos, pero la regulación sanitaria corresponde a otras instancias.

En específico, Profeco realiza monitoreos en más de 600 tortillerías a nivel nacional como parte del Acuerdo Maíz-Tortilla, una iniciativa destinada a controlar y dar seguimiento a los costos de este alimento básico. Asimismo, colabora en la vigilancia del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002, que regula productos derivados de la masa y tortilla.

Por otra parte, el titular de Odeco Zona Golfo-Norte, Manuel Alberto Leal Villarreal, había exhortado públicamente a tiendas de autoservicio, misceláneas y otros negocios para que eviten la venta de tortillas transportadas en hieleras o motocicletas, señalando que esta práctica podría vulnerar normativas sanitarias y de etiquetado. La NOM-187 establece requisitos de higiene y conservación, mientras que la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 regula el etiquetado y gramaje, y la ausencia de estas indicaciones puede generar incertidumbre en los consumidores.

Manuel Leal Villarreal comentó: «Existe una amplia venta a domicilio de tortillas. Por ello, es importante exhortar a los establecimientos para que acaten estas recomendaciones y así apoyar a los tortilleros en la reducción de precios, alineándose a las indicaciones de la Presidenta».

En cuanto a las acciones concretas, Manuel Leal informó que cuatro negocios han sido sancionados en la presente anualidad en la región, y que algunos comercios están en proceso administrativo, el cual incluye la presentación de pruebas y alegatos antes de una resolución definitiva. Como parte de estas medidas, las autoridades colocan sellos en las hieleras para impedir la comercialización hasta que se regularicen las condiciones.

«Hasta ahora, cuatro negocios han recibido sanciones. Estamos en la fase donde ellos presentan pruebas y posteriormente pueden solicitar la retirada del sello que se coloca para prohibir la venta. Mientras tanto, continuamos exhortando a las tiendas y abarroterías a que cesen la comercialización de tortillas en estas condiciones para evitar multas».

Finalmente, la dependencia refuerza el llamado a los comercios para que respeten la normativa vigente, con el fin de proteger los derechos de los consumidores y promover prácticas responsables en la comercialización de un alimento fundamental para la dieta mexicana. La medida también busca respetar y apoyar a los productores tradicionales que enfrentan desafíos económicos.

Esta situación pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre las autoridades competentes para garantizar la seguridad alimentaria sin afectar injustamente a los pequeños negocios, así como la necesidad de informar correctamente a la población sobre las competencias y responsabilidades de cada organismo.