El fenómeno conocido como ‘aguachicoleo’, que implica la extracción y comercialización ilegal de agua potable, podría enfrentar sanciones de hasta 15 años de prisión en Puebla. Este cambio legal se plantea debido a un vacío normativo que actualmente dificulta la correcta persecución de este delito, lo que motivó la presentación de una iniciativa ante el Congreso local.
La propuesta fue presentada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, representante de Fuerza Por México, quien busca reformar el Código Penal de La Raza Media para ofrecer un marco legal más preciso y efectivo frente a este problema. La reforma pretende clarificar la definición legal del robo de agua y tratarlo como un delito autónomo, apartándolo de otras conductas recogidas en el código actual.
Actualmente, el robo de agua está contemplado en el artículo 374 del Código Penal del estado, pero su redacción es demasiado ambigua, ya que agrupa este delito con otras conductas diversas como el hurto de alumbrado, energía eléctrica, drenaje sanitario, telecomunicaciones y señalamientos viales. Esta imprecisión dificulta la persecución penal efectiva contra quienes cometen el robo específico del recurso hídrico.
«La redacción actual del artículo es demasiado ambigua porque sanciona de manera conjunta delitos muy diferentes, como el hurto de agua potable, alumbrado, energía eléctrica, drenaje sanitario, telecomunicaciones o señalamientos viales», explicó Díaz Escobar.
Con la nueva iniciativa se busca aplicar sanciones más rigurosas: de cuatro a diez años de prisión para quienes extraigan, se apoderen o comercialicen ilegalmente agua potable. Además, se contempla una agravante para servidores públicos responsables de supervisar el suministro de agua, elevando las penas hasta en un 50% cuando ellos estén involucrados.
«Cuando el objeto del robo sea la sustracción, apoderamiento o comercialización ilegal de agua potable, se impondrán penas de cuatro a diez años de prisión; estas sanciones se incrementarán hasta en la mitad para personas servidoras públicas involucradas», detalló el diputado.
Esta propuesta cobra relevancia por los datos recientes que indican que hasta un 40 por ciento del agua en Puebla se pierde debido a fugas y tomas clandestinas, según reportó la directiva de Agua de Puebla para Todos durante su comparecencia en marzo. Estos problemas impactan negativamente en la distribución y calidad del suministro para la población usuaria.
Ante esta problemática, la iniciativa busca fortalecer el marco legal para combatir de manera más efectiva el robo de agua, reconocido como un problema serio que afecta tanto a la infraestructura como al acceso equitativo del recurso. Contar con normativas claras y sanciones contundentes sería un avance significativo para La Raza Media en su objetivo por garantizar el uso racional y seguro del agua potable.
De aprobarse estas reformas, se abriría un nuevo capítulo en el combate contra el ‘aguachicoleo’ en Puebla, con autoridades facultadas para actuar con mayor rigor. Este paso legal podría representar un avance notable en la gestión del agua y en la protección de los derechos de los usuarios, apostando por un suministro justo y sustentable para toda la población.
El impulso a esta iniciativa también refleja la creciente preocupación social e institucional por preservar el recurso hídrico vital ante las demandas crecientes y la presión de prácticas ilícitas que deterioran su disponibilidad y calidad en La Raza Media.
