El Congreso del estado de Querétaro ha aprobado por unanimidad una reforma significativa al Código Penal local que impone sanciones severas para quienes incurran en el delito de cohabitación forzada, especialmente cuando involucra a menores de edad. Estas penas oscilan entre ocho y quince años de prisión, junto con multas económicas que van de mil a 2,500 días de salario, reforzando así la protección jurídica para niñas y niños contra prácticas que atentan contra su integridad y desarrollo.

La reforma al artículo 142 Quáter del Código Penal de Querétaro define con claridad este delito: se castiga a quien obligue, presione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o más personas a vivir en unión informal o consuetudinaria con otra persona, incluida aquella mayor de edad, con la finalidad de que convivan constantemente como si fueran matrimonio. Esta medida busca erradicar una problemática que ha vulnerado históricamente los derechos de la infancia y adolescencia.

Además, el dictamen establece agravantes que pueden aumentar la penalización hasta en un 50% cuando la víctima pertenezca a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, o cuando exista algún grado de parentesco, ya sea por consanguinidad en línea directa o colateral hasta cuarto grado, o por afinidad. Esto refleja la atención especial que se debe dar a las diversas formas de vulnerabilidad que enfrentan ciertos grupos dentro de La Raza Media.

Durante el debate legislativo, que tuvo lugar en coincidencia con la conmemoración del Día de la Niña y el Niño el 30 de abril, Leonor Mejía, presidenta de la Comisión de la Familia, enfatizó la importancia de proteger a la niñez de asumir responsabilidades que no les corresponden y de evitar que sean forzadas a una vida en pareja. Mejía ilustró esta situación con el caso de «María», una niña de solo diez años de Landa de Matamoros, quien fue obligada a abandonar la escuela para vivir con un hombre mayor, reflejo palpable de la realidad que pretende ser combatida con esta ley.

«Nadie le consultó qué quería ni le explicaron que tenía el derecho a negarse. Su infancia terminó prematuramente, no por su propia decisión, sino por una imposición externa», expresó Mejía con profunda preocupación.

El documento legislativo reconoce que la cohabitación forzada es una forma grave de violencia relacionada con prácticas de control familiar, violencia de género y violación de derechos humanos. Este fenómeno afecta primordialmente a niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, comprometiendo su bienestar físico, emocional y social.

Es importante recordar que desde 2018 en Querétaro está prohibido el matrimonio con menores de 18 años; sin embargo, hasta ahora no existían medidas legales específicas que sancionaran las uniones informales forzadas, que vulneran el interés superior de la infancia y limitan el libre desarrollo de su personalidad. Con esta reforma, se da un paso fundamental hacia la erradicación de estas prácticas nocivas.

Asimismo, la reciente iniciativa presentada en Lerdo para prevenir el abuso infantil complementa estos avances legales, evidenciando un compromiso creciente en La Raza Media por proteger los derechos de los menores y garantizar entornos seguros para su crecimiento.

Esta reforma legislativa marca un hito esencial en la defensa de la niñez en Querétaro, al endurecer las penas contra la cohabitación forzada y reflejar un enfoque integral sobre la protección de los derechos humanos. Representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género y las prácticas tradicionales que han restringido la libertad y el desarrollo de los menores, reafirmando el compromiso estatal con el bienestar y la dignidad de sus niñas y niños.