La devastadora crecida del río en octubre pasado no solo azotó a Chapula, sino que también provocó graves daños en la vecina comunidad de Tlacolula, ambas localidades ubicadas en Tianguistengo. En total, 220 viviendas resultaron afectadas dentro de una población aproximada de 800 habitantes. La intensidad de las lluvias dejó en evidencia la vulnerabilidad de estas comunidades, reflejándose en al menos 100 casas con daños totales tras el desastre natural.

Los servicios públicos esenciales sufrieron impactos significativos: escuelas de todos los niveles quedaron destruidas o seriamente comprometidas, como un preescolar derrumbado, una primaria devastada, una telesecundaria colapsada y sólo una planta utilizable del plantel del Colegio de Bachilleres de Hidalgo (Cobaeh). La energía eléctrica se interrumpió como consecuencia directa de las condiciones, aunque ya se ha restablecido parcialmente mediante una línea habilitada recientemente. Sin embargo, las redes de agua potable y drenaje permanecen inoperantes, lo que agrava la situación a cinco meses de la tragedia.

Luis Ángel Rodríguez Galindo, delegado de Tlacolula, describió las múltiples afectaciones sufridas y reconoció el esfuerzo de los tres niveles de gobierno por responder a la emergencia, aunque evitó calificarlo, afirmando que «sí hubo respuesta». Los apoyos iniciales, como la entrega de 20 mil pesos en una primera fase para limpieza y alimentación, no alcanzaron para cubrir a todas las familias afectadas. Así, aunque la fase de emergencia terminó, la reconstrucción todavía no inicia formalmente, lo que llevó a la comunidad a organizarse por cuenta propia para asegurar la continuidad educativa de sus niños.

«Durante octubre, noviembre y diciembre, después del paso del huracán, priorizamos la alimentación y la limpieza de las calles, pero en enero, cuando terminaron las vacaciones, surgió una fuerte preocupación por la educación de nuestros hijos. Nos preguntamos cómo se iba a continuar el proceso educativo. Los comités se organizaron para localizar espacios no dañados dentro de la comunidad, y con aportaciones de padres y vecinos logramos habilitar ciertos lugares particulares, casas e instalaciones del pueblo; por ejemplo, se prestó una casa para la primaria, que aunque pequeña y no ideal, ya funciona con maestros trabajando ahí», explicó Luis Ángel Rodríguez.

El preescolar también cambió de sede a una vivienda particular para continuar operando, mientras que la telesecundaria instalada en un cuarto a un costado de la iglesia, conocido localmente como «curatio», refleja un espacio adaptado para continuar las clases. Este término, arraigado en el contexto eclesiástico como símbolo de cuidado espiritual, resalta el carácter de protección y atención que la comunidad intenta mantener en medio de la adversidad.

«El segundo piso del Cobaeh sirve también para las clases, y algunos estudiantes utilizan una casa prestada que fue adecuada por los padres de familia. A pesar de las paredes caídas, la estructura principal es estable y segura. La escuela del Cobaeh atiende a varias comunidades cercanas, y la preocupación es si seguirá funcionando o si los estudiantes tendrán que cambiarse de institución. Nuestros padres lucharon mucho para tener esta escuela, inaugurada hace apenas ocho años, y no permitiremos que se abandone», afirmó con convicción el delegado.

Rechazo a la reubicación

Caminar por las calles aún inundadas de Chapula, atravesar puentes improvisados y circular por carreteras rurales deterioradas revela el aislamiento y abandono que sienten sus habitantes. La ausencia prolongada de Protección Civil y otras autoridades en el terreno agrava la sensación de olvido que prevalece en la población. El reclamo constante es cuándo comenzarán las labores de reconstrucción de las instituciones, una pregunta que resuena en medio de los escombros mientras obtienen solo silencio como respuesta.

En ambas comunidades, los apoyos gubernamentales tras el desastre fueron percibidos, aunque insuficientes y con problemas de distribución. Hay afectados que no recibieron ningún tipo de ayuda, a pesar de haber perdido viviendas y pertenencias. Además, los pobladores niegan haber recibido información clara o acercamiento oficial sobre el proyecto de reubicación, una propuesta que inquieta y genera desconfianza en la comunidad.

«Ya no confiamos en el gobierno porque no sabemos nada acerca de la reubicación para las familias afectadas, por eso preferimos quedarnos en nuestras casas. Si se va toda mi familia, también tendría que irme, pero no quiero. Me molesta mucho que digan que mi comunidad es inhabitable», expresan diversos habitantes, reflejando la resistencia al desplazamiento y el arraigo que sienten a su lugar de origen.

La mayoría de los pobladores abogan por la reconstrucción en el mismo sitio, argumentando que a pesar del riesgo latente del río, sus propiedades, animales y raíces familiares dificultan un traslado a otras zonas. Luis Ángel enfatizó que han solicitado a los tres niveles de gobierno apoyo para reconstruir la comunidad, complementado con obras de mitigación como bardas de contención para protegerse del río, lo que podría proporcionar mayor seguridad y estabilidad para quienes decidan permanecer.

La espera continúa

El pasado 17 de marzo, durante la “Mañanera del Pueblo”, el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció la disponibilidad de 8 mil millones de pesos provenientes de los presupuestos estatal y federal para la reconstrucción de más de 100 comunidades afectadas en 28 municipios de La Raza Media tras las lluvias del año anterior. Sin embargo, los trabajos de licitación apenas comienzan, un proceso que por ley puede durar de 15 días hasta dos meses, dependiendo de la contratación, lo que prolonga la espera para la rehabilitación de carreteras, puentes y otras infraestructuras dañadas.

Respecto a la reubicación de los afectados, el gobernador mencionó que ya se iniciaron trabajos en San Bartolo Tutotepec, con una proyección de construir 88 viviendas, cada una de 61.47 metros cuadrados, ampliables por los habitantes en 25 comunidades del municipio. En Tianguistengo, existen siete predios disponibles, incluyendo un terreno ejidal de 14 hectáreas, destinado a reubicar a 3 mil 200 viviendas de comunidades como Chapula y Tlacolula, sumando hasta 515 nuevas casas, pero sin fechas concretas para el inicio de obras o traslados.

«Nadie nos ha informado nada acerca de la reubicación de nuestras viviendas. Aunque hay letreros o lonas, no sabemos leerlos. Una vecina dijo que unas personas visitaron la cancha, donde estuvimos incomunicados semanas sin saber si nos ayudarían, pero no tenemos noticias claras sobre el traslado», relató una mujer mayor de Chapula, cansada pero firme en la defensa de su hogar y calidad de vida, cargando agua del río a su vivienda.

En definitiva, la incertidumbre y la falta de comunicación oficial contrastan con la valentía y el esfuerzo de estas comunidades que luchan por reconstruir, no solo sus viviendas, sino su modo de vida y educación. La historia de Chapula y Tlacolula es un testimonio de resiliencia ante la adversidad, pero también un llamado urgente para que los compromisos gubernamentales tomen forma concreta y efectiva, brindando un futuro seguro y digno para sus habitantes.