La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí ha iniciado una investigación sobre la probable existencia de un laboratorio químico clandestino relacionado con la producción de drogas sintéticas y la elaboración de sustancias químicas específicas para la desintegración de restos humanos. Este hallazgo pone en evidencia un preocupante método utilizado por grupos delictivos para borrar evidencias físicas de crímenes.

A pesar de que hasta la fecha no se ha localizado un laboratorio de este tipo, las autoridades han asegurado diversas sustancias químicas empleadas por células criminales. Estas sustancias se aplican directamente sobre restos humanos, con el objetivo de eliminar cualquier indicio que pueda revelar detalles sobre la comisión de un delito, según explicó el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Juárez Hernández.

En el contexto de una creciente inseguridad en la región, se informó sobre la incautación reciente de dos individuos en el municipio de Lagunillas que portaban drogas probablemente vinculadas con la elaboración de estos químicos. Los detenidos, originarios de Arroyo Seco, Querétaro, llevaban un perfil discreto, lo que ha generado sospechas sobre la posible operación de un laboratorio en esa área, lo que intensifica la búsqueda y vigilancia en esta zona estratégica para la seguridad regional.

Jesús Juárez señaló: “Las personas eran originarias de Arroyo Seco, Querétaro, y mantenían un perfil muy bajo, semejante al de campesinos. Esto nos hace pensar que tal vez se está operando algún tipo de laboratorio clandestino en esa región.”

Como respuesta a esta situación, las autoridades estatales coordinarán esfuerzos con el gobierno de Querétaro para llevar a cabo operativos con apoyos aéreos y patrullajes terrestres que ayuden a ubicar y desmantelar estos posibles puntos de producción del crimen organizado, elevando así la capacidad de detección y acción contra estas prácticas delictivas.

Implementación de Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Desapariciones en San Luis Potosí

En un esfuerzo legislativo por reforzar la lucha contra las desapariciones en la región, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime, el 17 de febrero, la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Esta fiscalía representa un avance significativo en la atención a casos complejos que han afectado profundamente a la sociedad potosina.

El objetivo principal de esta nueva fiscalía es fortalecer la capacidad institucional para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, garantizar el acceso a la verdad y la justicia, además de asegurar una reparación integral para las víctimas y sus familias, aspectos fundamentales para restablecer el tejido social y la confianza en las instituciones.

Servicios y estructura de la nueva fiscalía

La iniciativa, promovida por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, establece que la fiscalía contará con un equipo multidisciplinario compuesto por personal ministerial, policial, pericial, analistas de contexto y profesionales de apoyo psicosocial. Esto permitirá una atención integral y especializada a cada caso registrado.

Además, la fiscalía dispondrá de unidades especializadas encargadas de la investigación minuciosa, análisis de contexto, atención y seguimiento a víctimas, búsqueda inmediata y de largo plazo, así como en delitos cibernéticos. Esta estructura busca cubrir todos los aspectos relacionados con la desaparición de personas, adaptándose a las exigencias del contexto actual.

Los diputados subrayaron la importancia de esta reforma, que está alineada con la normativa federal vigente, para fortalecer la capacidad institucional de San Luis Potosí en la persecución efectiva de estos delitos. El presupuesto asignado para su funcionamiento en el año 2026 es de 4 millones 696 mil 305 pesos, demostrando el compromiso del gobierno por dotar a la fiscalía de los recursos necesarios.

Estas acciones se enmarcan en un contexto más amplio en el que, conforme a reportes recientes, se han encontrado 33 cuerpos en fosas clandestinas del Valle de Mexicali, evidenciando la urgencia de mecanismos especializados para atender casos de desapariciones y crímenes relacionados, con el fin de proporcionar justicia a las víctimas y tranquilidad a sus comunidades.