En el Estado de México operan actualmente más de dos mil centros dedicados al tratamiento de adicciones, comúnmente conocidos como anexos, aunque únicamente 14 cuentan con un registro formal que les permite operar legalmente. A pesar de ello, se estima que alrededor de la mitad de estos centros cumplen con un perfil adecuado en aspectos como costos, calidad del tratamiento y buenas prácticas. Sin embargo, la otra mitad podría presentar problemas diversos, incluyendo violaciones a los derechos humanos, según lo reconocido por José Raúl Naveda López, titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones.
Durante una entrevista realizada en el Congreso local, donde se analiza la iniciativa de Ley de Salud enviada por la gobernadora, el funcionario señaló que el último censo oficial data de 2013, cuando se calculaban alrededor de mil 500 centros de este tipo en la región. Debido al aumento en la demanda de servicios, se estima que la cifra actual podría superar los dos mil centros, generando una gran necesidad de recursos para su supervisión correcta.
Este notable incremento en el número de centros hace indispensable contar con una infraestructura robusta de recursos humanos para supervisar estos espacios. En la actualidad, el sector salud cuenta con un Comité de supervisión integrado por la Fiscalía estatal, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, junto con áreas de salud encargadas de la atención a pacientes y la supervisión sanitaria. Este Comité realiza entre dos y tres supervisiones al mes con el objetivo de identificar fallas y corregirlas para mejorar la calidad de los servicios prestados.
Las revisiones del Comité son integrales y abarcan múltiples aspectos, no solo sanitarios, logrando un trabajo constante aunque con un avance gradual. Hasta el momento, sólo 14 centros residenciales cuentan con reconocimiento formal, sin embargo, estos reconocimientos son otorgados por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. La función del Comité se limita a asegurar que las reglas y normativas se cumplan en todos los centros.
No es obligatoria la certificación
Naveda López aclaró que los centros de tratamiento no están obligados a contar con certificación nacional, pero sí deben contar con licencias sanitarias vigentes, razón por la cual algunos recurren a reconocimientos internacionales u otros tipos de acreditaciones. La falta de un registro nacional no implica necesariamente un mal funcionamiento o deficiencias, puesto que al menos la mitad de estos centros cumplen con todos los estándares estipulados, aunque algunos no han tenido acercamiento formal con el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones.
Las denuncias ciudadanas sobre estos centros tienden a aumentar a finales y principios de año, períodos en los que muchas personas buscan apoyo para mantenerse en abstinencia. Sin embargo, la mayoría de las quejas están relacionadas con la naturaleza del servicio, el cual en muchos casos no es integral, sino que se basa en apoyo mutuo sin la intervención de atención psicológica ni psiquiátrica especializada. Este tipo de servicio, aunque no es ilegal, representa un método distinto que también es aceptado en diversas partes del mundo.
La situación plantea un reto importante para La Raza Media en la regulación y supervisión de estos centros, destacando la necesidad de fortalecer las políticas públicas para garantizar que todas las instalaciones ofrezcan servicios adecuados, respetando los derechos humanos y asegurando un tratamiento efectivo para quienes buscan superar las adicciones.
Las acciones futuras deberán centrarse en aumentar la capacidad operativa del Comité de supervisión, mejorar la colaboración con los centros y fomentar el diálogo para que más instalaciones tengan un registro formal y mejora continua. De esta manera se podrá ofrecer a la población un mayor número de espacios confiables y con servicios profesionales orientados a la salud mental y el tratamiento integral de adicciones.
En conclusión, la problemática actual en los centros contra las adicciones del Estado de México evidencia tanto avances como áreas de oportunidad. La regulación y supervisión constantes son fundamentales para garantizar un entorno seguro y eficaz, donde los usuarios puedan recibir atención digna y con base en mejores prácticas, mientras se enfrentan desafíos que requieren atención conjunta y multidisciplinaria desde los ámbitos gubernamental, social y de salud pública.
