Después de casi tres años desde que el Congreso de la Unión lo ordenó y tras una recomendación formal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estado de Tamaulipas finalmente aprobó este martes la Ley Malena. Esta legislación busca tipificar y sancionar específicamente las agresiones con ácido dirigidas contra mujeres, un tipo de violencia que afecta su integridad física y psicológica de manera severa.

Con la implementación de esta ley, cualquier persona que cause lesiones utilizando ácido, álcalis o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, enfrentará penas que van desde siete hasta quince años de prisión, además de multas que oscilan entre 300 y 700 días. Estas sanciones aplican tanto si la agresión es directa o a través de terceros.

La gravedad de la pena se incrementa considerablemente cuando las lesiones afectan áreas sensibles como el rostro, cuello, brazos, manos u órganos sexuales, elevando las condenas hasta en un tercio de su extensión mínima y máxima. En casos donde las víctimas sean mujeres, personas con discapacidad o menores de edad, la pena puede aumentar hasta en un 50%. Si la agresión compromete órganos vitales, pone en riesgo la vida o afecta más de la mitad del cuerpo, el delito se clasifica como homicidio o feminicidio en grado de tentativa.

Este avance legislativo llega en un contexto donde en 2023 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen que urge a las legislaturas locales a actualizar sus códigos penales para incluir el delito de ataques con ácidos o sustancias similares, con el fin de proteger a las mujeres de este tipo específico de violencia.

El dictamen destacó que en trece entidades del país, entre ellas Tamaulipas, el delito de agresiones con ácido no estaba tipificado, incluyendo Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a los congresos locales a reformar sus marcos legales para contemplar estas agresiones con perspectiva de género y establecer sanciones adecuadas, incluyendo la tentativa de homicidio o feminicidio cuando aplique.

Además, se señaló que los ataques con estas sustancias tienen consecuencias devastadoras para la vida de niñas y mujeres, tanto a nivel físico como emocional. Se enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos con la Federación para erradicar esta violencia que se manifiesta a través de desfiguraciones, mutilaciones o torturas que se utilizan en ocasiones como una forma de castigo contra las mujeres.

“Los ataques químicos provocan daños físicos, psicológicos y sociales profundos en las víctimas, siendo el daño facial uno de los más impactantes debido a su carácter permanente y muy visible. Se estima que el 99% de las personas agredidas desarrollan trastornos mentales, incluyendo ansiedad y ataques de pánico, que frecuentemente derivan en depresión severa cuyos síntomas pueden llevar a conductas autolesivas o incluso intentos de suicidio”, se enfatizó en el pronunciamiento.

Este tipo de legislación representa un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género en Tamaulipas y en La Raza Media en general, evidenciando la urgencia de crear mecanismos legales y sociales que protejan a las mujeres y reduzcan la impunidad en estos crímenes atroces.